La ley de servicios de atención a la clientela ya tiene el visto bueno del Congreso de los Diputados y ahora pasará por el Senado. Una norma elaborada a partir del borrador que Ana Mato se dejó olvidado en un cajón y que comenzó a fraguarse hace ya mucho, durante el segundo gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
El texto desde el que se partía no era gran cosa, pero tampoco es que el Ministerio de Consumo se haya esforzado especialmente en convertirlo en una ley que proteja de verdad a los consumidores frente a la pasividad de las grandes empresas ante sus reclamaciones.
Las compañías que cometen abusos habitualmente pueden estar tranquilas. Aquí hay mucho humo y pocos avances. Las compañías afectadas por esta ley tendrán nada menos que quince días para contestar a las reclamaciones. Y si tardan aún más en contestar o ni lo hacen, pues no pasa nada, porque el Ministerio no ha querido incorporar el derecho a una indemnización automática por no recibir respuesta o por hacerlo fuera de plazo. Una reivindicación, que junto a otras muchas, le hemos planteado desde FACUA una y otra vez al ministro y su equipo.
Y ojo, que nadie se piense que eso de que resulte obligatorio que nos atienda un ser humano en lugar de un robot es una maravillosa novedad. Esa obligación ya está incluida en la legislación desde hace bastantes años.
Por activa y por pasiva, hemos planteado la necesidad de introducir cambios de calado en el texto sobre el que se estaba trabajando para que la norma no acabase siendo lo mismo que dejó hecho el PP con una capita de pintura.
Lamentablemente, en el Ministerio de Consumo han optado por no atender la mayoría de nuestras grandes reivindicaciones. Parece que preferían aprobar cualquier cosa, una norma que no molestase demasiado a las grandes empresas, para al menos así poder anotarse una ley en el currículum.
Qué poca valentía, qué falta de audacia. Qué decepción, ministro Garzón.
Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.
Editorial del episodio 7 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
