Que una asociación de consumidores tenga que acudir a los tribunales para solicitar el cese de una práctica abusiva es consecuencia de la pasividad de las administraciones competentes y, sobre todo, de la incompetencia de los políticos que tienen al frente.
Judicializar muchos de los problemas que sufrimos los consumidores representa el fracaso de las políticas de protección de los consumidores. Y en muchos casos, la práctica inexistencia de esas políticas.
Las leyes, obviamente, están para cumplirlas. Pero no, los jueces no son los únicos encargados de hacer cumplir las leyes. Las administraciones tienen competencias para castigar las prácticas que vulneran la legislación. Pueden aplicar sanciones económicas, pueden imponer el comiso de los beneficios obtenidos ilícitamente. Pueden incluso establecer que la cuantía de la multa represente hasta diez veces el importe de ese dinero ganado saltándose la ley. Y en determinados casos pueden, también, clausurar temporal o permanentemente los establecimientos donde se cometan irregularidades.
Lamentablemente hay políticos con tan pocas ganas de trabajar que no hacen nada o casi nada para acabar con los abusos. Políticos que incluso se dedican a silenciar las escasas y ridículas multas que aplican. Pobres empresas, que pueden verse obligadas a devolver el dinero a los clientes que se enteren de que les estaban defraudando. Quizás no son políticos sin ganas de trabajar, sino políticos que hacen su trabajo a la perfección. Porque consideran que su trabajo consiste en no hacer ruido, en no molestar a las empresas que nos defraudan.
Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.
Editorial del episodio 8 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
