Otra cadena de clínicas dentales ha cerrado dejando colgados a sus pacientes. iDental, Funnydent, Dental Line y Dentix… ahora le ha llegado el turno al Grupo Dental SmyDent, que tenía establecimientos en distintos puntos de la Comunidad de Madrid.
Los afectados que contratasen créditos ofrecidos en las propias clínicas para la financiación de sus tratamientos pueden comunicar a las financieras que paralizan los pagos y solicitarles que les devuelvan la totalidad de las cantidades abonadas o la parte correspondiente a las intervenciones que no les hayan realizado.
Los que pagaron al contado, como es habitual, lo van a tener muy difícil para recuperar su dinero. Muy posiblemente tendrán que acudir a los tribunales y muy posiblemente tanto la empresa como sus responsables serán insolventes. La historia de siempre.
Mientras tanto, en el Ministerio de Sanidad y en el Ministerio de Consumo, siguen sin hacer absolutamente nada ante esta pandemia de cierres de negocios dentales. Tendremos que plantearle el problema al tercer ministro de Sanidad en lo que llevamos de legislatura, José Manuel Miñones, y volver a insistirle al titular de Consumo, Alberto Garzón.
Lo hacemos una y otra vez, pero se ve los máximos responsables en materia de sanidad y protección de los consumidores siempre tienen cosas mucho más importantes que hacer que actuar ante fraudes masivos que se repiten una y otra vez.
Las leyes que regulan las clínicas dentales resultan insuficientes para garantizar la protección de los derechos de los pacientes.
Entre otras muchas cosas, es necesario que, como requisito para su apertura, se obligue a estos negocios sanitarios a disponer de un seguro de responsabilidad civil en una cuantía suficiente para cubrir tanto el riesgo de cierre como la negligencia en la gestión y el fraude a los consumidores.
Es decir, un seguro cuya cuantía deba actualizarse periódicamente, con la debida supervisión de la administración, en función del número de clientes y los costes de los tratamientos que estén soportando.
Un seguro que está previsto, para cualquier tipo de negocio, por la ley general para la defensa de los consumidores.
Está previsto desde la primera versión de esa ley, promulgada en 1984, pero pendiente de un desarrollo reglamentario o de un retoque en su redacción. Una ley que ha sido objeto de multitud de revisiones en estos casi cuarenta años, pero nunca para aprobar la imposición del seguro que evitaría que decenas de miles de consumidores pierdan su dinero cuando una empresa va a la quiebra o sus dueños desaparecen con el dinero.
Se cumplen ya cinco años del primero de estos cierres en cadena de cadenas de clínicas dentales, el de iDental. Ocurrió siendo ya Pedro Sánchez presidente del Gobierno. ¿Cuántos miles de pacientes hay que sumar a la lista de víctimas para que alguien mueva un dedo de una vez ante lo que está pasando?
Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.
Editorial del episodio 5 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
