Imagina que atracas un banco, te llevas un botín de 100.000 euros, te pilla la Policía, pero te dejan en libertad permitiendo que te quedes con el dinero y sin denunciarte siquiera con el argumento de que tienen pocos recursos y otras prioridades más importantes que atender.
Imagina que a la semana siguiente robas el mismo banco, pero esta vez te llevas un millón de euros. La Policía vuelve a pillarte y una vez más dejan que te largues con toda la pasta. Mientras te vas, escuchas cómo uno de los agentes critica al empleado del banco que los llamó por teléfono por haberles molestado de nuevo. Te parece imposible que esto ocurra, ¿verdad?
Ahora imagina que es a ti y a mucha gente como tú a la que han robado ese millón de euros. O diez millones. O cien. Ha sido un banco, una eléctrica, una compañía de telecomunicaciones… Lo han hecho a base de cobrarte cantidades que no aparecían en el contrato. O que sí aparecían pero cobrártelas vulnera la ley. Lo han hecho subiéndote sus tarifas o sus comisiones sin avisarte con antelación. O avisándote pero sin respetar lo que dice la legislación. Da igual qué y cómo. La cuestión es que ese banco, esa eléctrica o esa teleco te han robado a ti, a mí y a muchos más de sus clientes. A miles, a decenas de miles, incluso a millones de clientes. Nos han robado a todos… pero a la Policía del fraude decide no actuar porque tiene pocos recursos y otras prioridades más importantes. Esto no es imposible. De hecho, ocurre una y otra vez.
La Policía del fraude son las autoridades de Consumo del Gobierno de España y de las comunidades autónomas. Actúan poco o nada ante los fraudes masivos. Y cuando lo hacen, las multas son tan poco contundentes que representan una auténtica invitación a las empresas a repetirlos una y otra vez.
La multa más elevada impuesta en toda la historia por una autoridad autonómica de protección al consumidor representó poco más de 3 millones de euros. Con ella se sancionaba una práctica, la cláusula suelo hipotecaria, con la que el conjunto de bancos que la aplicaron llegaron a ganar decenas de miles de millones de euros. ¿Tienes alguna duda de que algún día, la banca cometerá un fraude de similar envergadura, si es que no lo está haciendo ya?
Desde hace ya diez meses, el Ministerio de Consumo también tiene competencias para sancionar los fraudes masivos. Se dotó de ellas como consecuencia de las insistentes reivindicaciones de FACUA. A lo largo de estos diez meses, en el ministerio todavía no han tenido tiempo para anunciar la apertura del primer expediente sancionador. Posiblemente, porque tienen pocos recursos y otras prioridades más importantes.
Todavía está por ver si acabará la legislatura sin que el ministro Alberto Garzón anuncie ni una sola sanción contra algún banco, eléctrica, compañía de telecomunicaciones o cualquier otra de tantas empresas aficionadas a saltarse la legislación que protege nuestros derechos como consumidores. Y todavía está por ver si, en caso de anunciarla, su cuantía resulta tan ridícula que representa una nueva invitación a la entidad sancionada a continuar llevando a cabo el mismo fraude o cualquier otro nuevo que quiera inventar ante la pasividad y la ceguera de quienes tienen que controlarlos.
Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.
Editorial del episodio 4 de En Ocasiones Veo Fraudes.
