“Todos al Santander, maricón el último”. Así finalizaba un editorial de su periódico Mercado de dinero el presidente de Ausbanc, Luis Pineda. El mismo mensaje —sin la coletilla homófoba— protagonizaba la portada de ese número, publicado en 2006. La que durante muchos años fue considerada por las administraciones como una asociación de consumidores les instaba así a llevarse sus ahorros a esa entidad bancaria, con el argumento de que era la mejor opción en el sector.
El Santander era el principal anunciante de Ausbanc. Sus publicaciones estaban plagadas de publicidad del banco, que en ocasiones aparecía disfrazada de reportajes y editoriales. Los responsables de varias entidades financieras se personaron en la causa contra Ausbanc como víctimas de extorsiones por las que les pedía dinero en concepto de publicidad y patrocinios a cambio de no hablar mal de ellas o hacerlo bien y de retirar o no presentar acciones judiciales.
Pineda fue condenado en julio de 2021 a ocho años de cárcel: tres por estafa y cinco por un delito continuado de extorsión, del que se consideraron víctimas diez entidades bancarias y otras tres empresas —la sentencia de la Audiencia Nacional está pendiente de los recursos ante el Supremo—.
Las prácticas de Ausbanc
En un correo enviado al director general y responsable de Comunicación del Santander, Juan Manuel Cendoya, Pineda le pedía 180.000 libras para que le patrocinase un evento en Londres y le decía: “Manolo, para que estés enterado, mañana interrogo a Blesa como imputado y después a Díaz Ferrán. Imagino que habrá mucho revuelo mediático. El que se la juega a Ausbanc y a los españoles, la paga. Luis P”. Miguel Blesa había retirado la publicidad de los medios de Pineda cuando aterrizó como presidente en Caja Madrid.
Pero durante la instrucción de la causa, desde otros bancos, como el Santander, plantearon que su relación con Ausbanc era la habitual entre un anunciante y un medio. Lo cierto es que Pineda no ha sido el primer empresario de medios de comunicación que advierte a una empresa o a un partido político de que, para llevarse bien, lo mejor es que le destine una partida en publicidad o en propaganda institucional. Y no pocos medios de comunicación modulan o eliminan por completo la publicación de noticias negativas sobre determinadas empresas cuando se convierten en sus anunciantes. Sea como contrapartida por la publicidad o por temor a que se la retiren.
En diciembre de 2016, dos semanas antes de que Ana Botín lo nombrase vicepresidente de Santander España, Cendoya aseguró durante su declaración ante el juez Santiago Pedraz que no pagaban porque se sintiesen amenazados ni para evitar que les interpusiera denuncias, sino porque les resultaba rentable anunciarse en las publicaciones de una asociación de usuarios como Ausbanc. El Santander, como tantas empresas, no pagaba solo anuncios. Pagaba los mensajes positivos que Pineda les dedicaba cuando hablaba o escribía sobre ellas.
Argucias y vínculos con el PP
Si es una organización de consumidores la que habla bien de una empresa, le ofrece un plus de credibilidad. Y más cuando se trata de una organización con un importante nivel de relevancia y prestigio. Precisamente por eso, la legislación debería prohibir por completo que una empresa privada pague a una asociación de consumidores y usuarios, tenga la finalidad que tenga el dinero. Hoy, esos pagos están permitidos siempre que “no mermen la independencia” de las asociaciones —un concepto extremadamente subjetivo—.
No se trata solo de prohibir que un banco, una energética o una compañía de telecomunicaciones contrate publicidad en las publicaciones de las asociaciones de consumidores. Sino de declarar ilegal cualquier tipo de contraprestación económica, incluida la financiación de eventos y campañas. Hay que evitar la tentación de que esos pagos se traduzcan en mensajes publicitarios encubiertos en los estudios de mercado y valoraciones que realizan las asociaciones o en menos denuncias por los fraudes que cometen esas empresas.
Durante años, primero con Aznar en el Gobierno y después con Rajoy, Ausbanc logró estar en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores (Reacu) recurriendo a la argucia de dividirse en dos. Una Ausbanc (la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios) no recibía dinero de empresas y disfrutaba de los beneficios legales de las asociaciones de consumidores, como las subvenciones públicas que se les destinan y la legitimación para emprender determinados tipos de acciones judiciales colectivas. Mientras, la otra Ausbanc (la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros) editaba las publicaciones y organizaba los eventos por los que recibía cantidades millonarias en concepto de publicidad y patrocinios.
Con el hecho de que en los ministerios competentes en protección de los consumidores admitieran esta maniobra tan burda tuvieron mucho que ver los vínculos de Pineda con el PP —su esposa, María Teresa Cuadrado, fue directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid—.
La Ucauce y sus estudios sobre telefonía
Pero la desaparecida Ausbanc —lleva desde 2016 en concurso de acreedores—no ha sido la única asociación de consumidores en recibir dinero de empresas privadas. Entre 2003 y 2016, la Unión de Consumidores de Andalucía —ahora se presenta con las siglas Ucauce, aunque ha usado varias a lo largo de su historia— publicó casi treinta estudios sobre el sector de las telecomunicaciones y en todos, sin excepción, Movistar era la compañía que salía mejor parada.
En 2018, Ángel Munárriz destapó en el diario Infolibre que Movistar realizó pagos en secreto durante años a una sociedad administrada por la Unión de Consumidores de Andalucía, Ediuca SL. Pagos que también efectuaron por otras firmas objeto de elogios por parte de la entidad, como Altadis y CaixaBank.
OCU y sus comisiones por subasta
Y desde hace años, una de las principales asociaciones de consumidores del país, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), recibe a través de su empresa OCU Ediciones SA importantes cantidades de dinero, cuyas cuantías se niega a revelar, procedentes de las empresas que declara ganadoras en sus compras colectivas. Repsol, Holaluz, MásMóvil… pagan al negocio de la OCU una comisión por cada usuario que se da de alta con la empresa en cuestión para contratar la tarifa ganadora.
Cuando investigaba estas prácticas durante la redacción de mi libro ¿Por qué dejas que te roben?, desde una de las compañías eléctricas que solicitaron información sobre los requisitos para participar en la subasta de energía que OCU convocó a finales de 2021 me contaron que pedía 25 euros por cada cliente que lograse la empresa que resultase ganadora. En la web donde invitaba a apuntarse a la compra colectiva de luz, aseguraba que “más de 100.000 consumidores” habían contratado la oferta ganadora en ediciones anteriores.
En 2018, OCU y sus filiales en Italia, Portugal y Bélgica —todas miembros de la organizacion con sede en Luxemburgo Euroconsumers— anunciaron demandas colectivas por las que reclamarían al menos 200 euros por daño moral para cada usuario de Facebook por recopilar e intercambiar sus datos sin informarles ni recabar su conformidad expresa. Lanzaron una campaña para solicitar el apoyo de los usuarios, con la que lograron la adhesión de alrededor de 250.000 personas en los cuatro países, de las que más de 47.000 lo hicieron en España. Un cuarto de millón de consumidores que facilitaron a estas organizaciones sus datos personales, atraídos por la posibilidad de que les lograsen indemnizaciones.
El acuerdo con Facebook para retirar la demanda
En junio de 2021, OCU anunció —al igual que hicieron sus organizaciones hermanas— que había alcanzado un acuerdo con Facebook y retiraba la demanda. ¿A cuánto ascendían las indemnizaciones que Facebook pagaría a los usuarios? A 0 euros. Presentaron demandas colectivas para reclamar indemnizaciones de un mínimo de 200 euros para todos los usuarios de Facebook en cuatro países, cuyo importe sólo en España en caso de éxito ascendería a no menos de 52.000 millones de euros, pero habían decidido retirarlas a cambio de un acuerdo en el que no pagarían ni un céntimo ni siquiera a los que se sumaron a la campaña.
En un correo enviado a esos 47.000 consumidores, la OCU les comunicó que, en agradecimiento por su participación y “como parte de las iniciativas” acordadas con Facebook, les invitaba a darse de alta en la organización “de manera totalmente gratuita durante 6 meses”, de manera que recibirían en sus domicilios su revista mensual OCU-Compra Maestra, podrían pedir una guía práctica cada mes, acceder a toda la información y comparadores de su web y formular dos consultas gratuitas a su asesoría jurídica. ¿Qué significaba que ese regalo era “parte de las iniciativas” que acordó con la red social? ¿Que era Facebook la que pagaría a la OCU el importe de esas hasta 47.000 altas que podrían solicitar los consumidores sin coste para ellos? En la organización no quisieron aclarármelo.
En el Ministerio de Consumo desconocen en qué consiste el convenio entre la matriz europea de la OCU ni cuánto dinero percibe esta organización a través de su SA de las empresas que ganan sus compras colectivas. ¿Qué va a hacer Alberto Garzón al respecto?
Es urgente que Consumo modifique la legislación y prohíba de una vez cualquier tipo de pagos de empresas privadas a las asociaciones de consumidores ni a empresas interpuestas. Ni por publicidad, ya sea directa o encubierta, ni por lograrles clientes —que manda narices—, ni por la elaboración de estudios, la celebración de eventos o el desarrollo de campañas.
Estas prácticas acaban con la independencia de las asociaciones de consumidores que incurren en ellas. No son éticas. No son estéticas. Y no deberían ser legales.
Publicado originalmente en El Plural.
