Por mucha excepción ibérica con la que intenten maquillarlo, el mes de julio va a traernos la segunda factura de la luz más cara de la historia. Pese al tope al gas y la nueva bajada del IVA al 5%, el recibo del usuario medio —que según las estimaciones de FACUA consume 366 kWh mensuales y tiene 4,4 kW de potencia contratada— se situaría en 143 euros si se toman como referencia las tarifas de los primeros 20 días del mes. Solo tiene por delante los casi 177 euros del pasado marzo. Y justo por detrás, los cerca de 141 del pasado diciembre —siempre teniendo en cuenta la evolución de la tarifa semirregulada, el PVPC—.
Aunque no deja de ser cierto que la medida adoptada por España y Portugal tras recibir el plácet de Bruselas va a evitar un recibo que hubiera sido considerablemente más caro, de poco consuelo le sirve eso a las familias que ven cómo las grandes energéticas baten récords de beneficios mientras ellas tienen que apretarse el cinturón para pagar la luz y todo lo que ha subido por culpa de los altos precios de la luz, del gas y de los carburantes.
Mientras presenciamos esta aberración, en la que la Comisión Europea mantiene los privilegios de grandes oligopolios a los que permite fijar sus inflados precios especulando a más no poder, el Gobierno de España está tomando medidas que resultan no ya insuficientes, sino decepcionantes teniendo en cuenta los compromisos adoptados por PSOE y Unidas Podemos en su acuerdo de gobierno de coalición progresista.
Y es que más allá de las prometidas medidas para abaratar la factura eléctrica, uno de esos compromisos suponía una reforma, se suponía importante, del bono social. Esa tarifa destinada a proteger a los consumidores más vulnerables económicamente y que siempre ha estado destinada a un número demasiado reducido de familias, que además se ha mermado aún más dado que buena parte de ellas no conocen que tienen derecho a él.
Hasta ahora, el Ejecutivo ha llevado a cabo un cambio coyuntural en el bono social, ampliando de forma considerable los descuentos que se aplican a sus beneficiarios, pero manteniendo unos límites excesiva e injustificadamente bajos en los ingresos económicos que deben tener para poder acceder a él —salvo que se trate de familias numerosas, ya que en ese caso entran todas, aunque las integren millonarios—.
Cuando se lanzó el bono social en 2009, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno aseguró que 5 millones de familias se beneficiarían de él. Una cifra que no sólo nunca se alcanzó, sino que ha llegado a representar poco más de la quinta parte de lo prometido. Cuando el actual Gobierno de coalición puso en marcha la última —y leve— ampliación en la ratio de ingresos máximos que deben tener las familias no numerosas para acceder al bono, solo 1,3 millones lo tenían.
La situación actual en las tarifas eléctricas hace más necesario que nunca que el Gobierno se tome en serio su compromiso y, entre otras medidas, garantice que varios millones de familias españolas puedan acogerse a los descuentos del bono social.
Aquí no vale la excusa de que Bruselas no lo permite. Más bien al contrario, ya que la directiva europea del sector eléctrico indica que los Estados miembros pueden intervenir las tarifas eléctricas para proteger a los consumidores vulnerables. Y no indica límites en los descuentos que pueden aplicarse a estos ni cuáles deben ser los perfiles económicos de esos consumidores.
Es más, con la directiva europea en la mano, el Gobierno podría —y esto es una reivindicación que FACUA lleva tiempo planteando— determinar que todas las familias españolas —salvo las de rentas más altas— son consumidores vulnerables, de manera que tendrían derecho a acceder al bono social o a otro modelo de tarifa intervenida con descuentos que sufraguen las eléctricas de manera proporcional a sus descomunales —en el caso de las más grandes— márgenes de beneficios.
Publicado originalmente en El Plural.
