Han pasado tres años desde que estallara el caso Magrudis, el escándalo alimentario que provocó cuatro víctimas mortales, seis abortos y multitud de intoxicados. Por fin, la jueza instructora ha dictado el auto por el que envía a juicio a los cuatro máximos responsables de las empresas que estaban tras la marca La Mechá, su asesor financiero, su arquitecto y la veterinaria municipal que visitó las instalaciones pasando por alto gravísimas irregularidades.
Pero después de todo este tiempo, nadie ha adoptado las medidas necesarias para evitar que otro caso similar vuelva a repetirse ni para dotarnos de los instrumentos legales que garanticen más y mejor información a los consumidores ante las alertas alimentarias.
En el Ayuntamiento de Sevilla siguen sin mejorar los protocolos de control sobre los establecimientos que elaboran o distribuyen alimentos y sin aumentar el número de inspectores veterinarios, que no llegan ni a la decena. No acometió estas medidas el anterior alcalde, el hoy líder de la oposición en Andalucía, Juan Espadas, como tampoco lo ha hecho el actual regidor, el también socialista Antonio Muñoz. Parece que lo ocurrido no fue lo suficientemente grave como para que por fin en Sevilla se lleven a cabo los cambios que desde FACUA llevamos décadas reclamando.
Ley de Seguridad Alimentaria
En cuanto a la normativa estatal sobre seguridad alimentaria, la cosa también sigue igual. A raíz del caso Magrudis, en el verano de 2019 tuvimos una reunión con Alberto Garzón para darle detalles del caso y exponerle nuestras reivindicaciones sobre las mejoras que debían introducirse en la legislación.
Entre otras cuestiones, le trasladamos la necesidad de incorporar a la Ley de Seguridad Alimentaria la obligación para las empresas de informar a los consumidores de cualquier alerta que se produjese en productos que hayan fabricado, importado o vendido. Información que debería trasladarse tanto en las páginas webs como a través de cartelería en los establecimientos minoristas, alertando de las retiradas del mercado que se lleven a cabo de productos que hayan tenido a la venta y los motivos de las mismas, para que los clientes que los hubiesen adquirido estén al tanto y se abstengan de consumirlos si implican riesgos para su salud.
Como consecuencia de la reunión, en septiembre de ese año, el grupo parlamentario Unidas Podemos preguntó al Gobierno «qué medidas regulatorias y cambios normativos» iba a establecer. Dos meses después llegaron las Elecciones Generales tras las que su UP alcanzaría el acuerdo con el PSOE por el que conformaron el actual Ejecutivo de coalición.
Garzón lleva ya dos años y medio siendo ministro de Consumo y todavía no ha planteado las mejoras que reclamaba desde la oposición en la legislación en materia de seguridad alimentaria, sobre la que tiene las competencias.
Publicado originalmente en Consumerismo.
