En 2022 hemos sufrido la factura de la luz más cara de la historia. Para el usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) representará en total 1.539 euros, un 37,9% por encima de los 1.116 euros de un año antes.
Muy atrás quedan los 958,41 euros de 2012, el que hasta hace poco había sido el año en el que se batieron todos los récords y que ahora queda relegado al tercer puesto del ranking dadas las cifras de 2021 y 2022.
Hace justo una década la factura mensual se situó en una media de 79,87 euros. Si en 2021 se superó ese tope, alcanzando los 93,00 euros, este año han sido nada menos que 128,23 euros.
Durante 2022 también hemos tenido que pagar los tres recibos más caros a nivel histórico. Según los análisis de FACUA, el usuario medio consume 366 kilovatios hora (kWh) al mes y tiene una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW). Su factura en marzo alcanzó los 176,73 euros, en agosto 158,30 euros y en julio 142,40 euros.
¿Significa esto que el Gobierno no ha hecho nada para reducir los elevados precios? Sería mezquino realizar esa afirmación. No puede cuestionarse que la bajada del IVA al 5% y la del impuesto especial sobre la electricidad al 0,5% han reducido la subida. Y, sobre todo, que la implantación del tope al gas por parte de España y Portugal ha evitado que este verano los precios se hayan disparado hasta los niveles de otros países de la Unión Europea.
Sin embargo, las actuaciones del Ejecutivo de coalición no resultan suficientes para evitar que las grandes empresas del sector eléctrico sigan forrándose con precios inflados gracias a un sistema de fijación injusto y favorecedor de prácticas especulatorias que FACUA lleva denunciando desde su implantacion, cuando gobernaba el PP de José María Aznar.
El Gobierno debe exigir a la Comisión Europea que ponga punto y final a la subasta marginalista, un mecanismo por el que tecnologías de generación eléctrica extraordinariamente baratas acaban costándonos a los consumidores lo mismo que las más caras, las cuáles además incrementan artificialmente sus precios.
Pero además, resulta esencial que una medida tan importante para proteger a los consumidores más vulnerables como el bono social tenga la debida difusión, dado que año tras año las cifras constatan que la gran mayoría de sus beneficarios potenciales no lo solicitan. No lo hacen porque desconocen su existencia y características o debido a que creen que no tienen derecho a recibirlo. A día de hoy, el Gobierno continúa sin emprender campañas de publicidad institucional potentes sobre estos descuentos.
De poco está sirviendo por tanto que en los últimos tiempos se haya aprobado un aumento en el número de beneficiarios y en los descuentos que representa el bono social, que alcanzan hasta el 40, el 65 y el 80% del importe de las facturas.
Pero si esencial es que los consumidores conozcan el bono social, aún más lo es que entiendan los conceptos incluidos en la factura. No es fácil comparar las distintas ofertas existentes en el mercado cuando la factura que pagamos en la actualidad es difícil de comprender, algo que se ha agravado desde la implantación de los tramos horarios (punta, llano y valle) y aún más con la entrada en vigor del tope al gas.
Y más allá de estas cuestiones, hacen falta medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas. Pagamos a las eléctricas muchos cientos de millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en nuestros contratos. Según el último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondiente al segundo trimestre de 2022, siete de cada diez viviendas tienen contratada una potencia superior a la que necesitan.
Para ayudar a los consumidores frente a la agresión permanente que sufren con el recibo de la luz es necesario que, además de implementar las debidas mejoras regulatorias, tanto el Gobierno como las comunidades autónomas desarrollen campañas de envergadura. Son miles de millones de euros los que podemos dejar de regalar al sector energético si realizamos ciertos cambios en nuestra contratación, pero para eso necesitamos saber cuáles son.
No cabe duda de que es responsabilidad de los consumidores formarse sobre las características y condiciones contractuales de los servicios que contratan a fin de evitar fraudes y lograr las mejores tarifas -o al menos las menos malas-. Pero nada ayudaría más que una correcta regulación y el desarrollo de campañas de la misma envergadura que las que ponen en marcha la Dirección General de Tráfico para la prevención de accidentes en carretera o las comunidades autónomas para fomentar el turismo en sus territorios.
Publicado originalmente en Consumerismo.
