Revisando un catálogo de las Navidades de 2021 de una gran superficie comercial, veo que vendía tres de las principales marcas de leche del mercado a 67, 77 y 89 céntimos el brik de un litro de entera, semi o desnatada. Las busco hoy en su página web y están a 1,13, 1,16 y 1,19 euros. Han subido entre el 34 y el 69%.
A partir de este domingo, 1 de enero, la leche dejará de tener IVA durante seis meses, al igual que el resto de alimentos gravados con el 4%: pan, harinas panificables, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales. Además, la pasta y los aceites pasarán del 10 al 5%. La carne y el pescado seguirán al 10%.
En la menos cara de esas tres marcas de leche, el 4% de IVA representa hoy una recaudación de 4,3 céntimos por litro. Si la cadena de distribución solo aumentase su margen lo justo para redondear al céntimo, los 1,13 euros se convertirían en 1,09 cuando entre en vigor el 0% de IVA. Y esa marca pasaría a costarnos solo 42 céntimos más que hace un año. Un chollo… para los especuladores.
Teniendo en cuenta las bestiales subidas que hemos sufrido durante 2022 en los alimentos, resulta evidente que la repercusión directa de esas rebajas del IVA a sus precios no nos devolvería, ni de lejos, al mismo nivel de gasto que teníamos hace un año.
Pero más allá del suavísimo impacto que en el mejor de los casos representaría lo del IVA, la cuestión es que hay pocos motivos, por no decir ninguno, para confiar en que los fabricantes y las cadenas de distribución no acabarán absorbiendo una buena parte o incluso la totalidad del recorte de impuestos, aumentando de nuevo su margen de beneficios..
Tras preguntar a los consumidores que me leen en Twitter qué creen que hará Mercadona con el precio de su marca de leche tras la eliminación del IVA, el 88% de los casi 22.000 que habían contestado en las primeras 14 horas opinaba que no lo bajará ni un céntimo. Mi encuesta tiene el valor estadístico que quieras darle, pero apuesto a que si haces el mismo experimento, tus seguidores opinarán algo parecido.
Lo cierto es que ya tenemos experiencias en otras bajadas del IVA donde las empresas también optaron por engordar su cuenta de resultados con el dinero que antes se dedicaba al bien común. En 2018, un estudio de FACUA puso de manifiesto que solo un tercio de los cines 97 analizados había repercutido al precio de las entradas la totalidad de la bajada del IVA del 21 al 10%. Otro tercio redujo el importe, pero menos de lo que representaba la reducción de 11 puntos en el impuesto.
En el caso de la electricidad, a finales de junio del año pasado el Gobierno bajó el IVA del 21 al 10% y este julio volvió a reducirlo al 5%. En septiembre de 2021 también rebajó el impuesto especial sobre la electricidad, del 5,1 al 0,5%. Nadie habrá olvidado que las eléctricas siguieron subiendo sus tarifas después de estos recortes de impuestos.
Es cierto que el real decreto-ley donde se establece la bajada del IVA indica que “la reducción del tipo impositivo beneficiará íntegramente al consumidor, sin que, por tanto, el importe de la reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios en la cadena de producción, distribución o consumo de los productos”. ¿Significa eso que tienen prohibido aplicar ninguna subida de precios en los próximos seis meses? Recordemos que algo similar se incorporó a la norma por la que se establecieron los descuentos en el precio de la gasolina y el gasóleo, de los que 5 céntimos tenía que aportarlos el sector. FACUA denunció a más de 200 gasolineras por aplicar subidas de 5 céntimos o más el mismo día que entraron en vigor los descuentos. Y ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ni el Ministerio de Consumo ni las autoridades de protección al consumidor autonómicas —todos ellos competentes en la materia— han anunciado sanción alguna.
También continuaron inflándonos los precios después de que el Ejecutivo aprobase el tope al gas. Pero no pudieron hacerlo, ni de lejos, tanto como tenían previsto. Esa medida sí funcionó. Porque representaba una auténtica intervención en el mercado.
¿Por qué no hace lo mismo el Gobierno con los precios de los alimentos? La Ley de Ordenación del Comercio Minorista de 1996 ya prevé en su artículo 13 que “previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización”. Puede hacerlo, según la norma, con “productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas”. Y también con cualquier otro si, por ejemplo, se aprecia “ausencia de competencia efectiva”.
Una encuesta realizada por FACUA durante este diciembre pone de manifiesto que la opción más reclamada por los consumidores ante las subidas de precios es fijar precios máximos. El 35% de los encuestados prefiere esta medida a bajar el IVA, la entrega de cheques a las familias o gravar con impuestos los beneficios extraordinarios de grandes empresas.
El cheque de 200 euros, la otra medida aprobada y que según el presidente Sánchez podrán recibir 4,2 millones de familias, tampoco será precisamente una solución al problema. Bienvenido sea para sus beneficiarios, pero la cifra se queda corta frente al impacto que representan las subidas de precios. Y en cualquier caso, una vez más se trata de destinar más dinero público para suavizar o maquillar las barbaridades que están cometiendo las grandes empresas.
Lamentablemente, se ha optado por no molestar a los especuladores y llevar a cabo una medida light ante la que esas grandes empresas se frotan las manos, ya que además de no recortar ni un ápice sus abultados márgenes de beneficio, les abrirá la posibilidad de aplicar nuevas subidas sin que los consumidores lo noten.
Es una pena que ante una agresión tan grave como la que estamos sufriendo los consumidores, la respuesta del Gobierno haya sido el populismo fiscal al que tanto recurren las derechas.
Publicado originalmente en El Plural.
