Según los datos del último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondiente al segundo trimestre de 2022, siete de cada diez viviendas tienen contratada una potencia superior a la que necesitan. Un 69,7% pagan de más en hora punta, una media de 1,4 kilovatios (kW), y un 74,6% lo hacen en hora valle, en este caso una media de 1,6 kW.
El número de kW de potencia necesarios depende del número y las características de los aparatos eléctricos que llegamos a utilizar simultáneamente. Si el interruptor de control de potencia que tenemos en casa no ha saltado en los últimos tres meses, es evidente que tenemos contratada más potencia de la necesaria.
Actualmente, cada kW de potencia nos cuesta a los consumidores domésticos 2,64 euros mensuales si tenemos la tarifa semirregulada PVPC. El importe es desproporcionadamente alto. Durante la etapa de M. Rajoy en el Gobierno, su ministro offshore José Manuel Soria decidió duplicarlo. Y en lo que va de legislatura del Ejecutivo de coalición se ha aprobado una bajada injustificadamente leve, a la que se ha sumado, eso sí, un recorte coyuntural en el precio final derivado de la bajada del IVA al 5% y el impuesto especial sobre la electricidad al 0,5%.
En el mercado libre, las dos principales compañías aplican tarifas aún más caras por la potencia contratada. A día de hoy, Iberdrola cobra 3,06 euros por kW al mes y Endesa 2,98 euros. La tercera comercializadora por número de clientes, Naturgy, iguala el PVPC, mientras que la cuarta, TotalEnergies, eleva el precio a 3,39 euros. La cifra se dispara hasta los 5,84 euros en el caso de Gana Energía.
Si multiplicamos por doce, en un año cada kW contratado de más representa, redondeando, un derroche que va desde los 32 euros para los usuarios con PVPC hasta los 70 euros para los incautos que son clientes de la compañía con la tarifa más cara.
Los cálculos de FACUA ponen de manifiesto que, con las diferentes tarifas e impuestos que han estado vigentes durante 2012, los usuarios con la tarifa semirregulada que tienen un exceso de potencia en sus contratos van a regalar a las eléctricas este año una media de 46 euros de más por ese kilovatio y medio que pagan pero no necesitan. En el caso de los consumidores con la tarifa del mercado libre más cara, en un año la cifra superaría los 102 euros.
Ante esto, cabe preguntarse por qué ningún Gobierno ha desarrollado hasta ahora campañas de comunicación potentes enfocadas a que los consumidores optimicen la potencia que tienen contratada en sus domicilios para ayudarles así a reducir su factura.
Los escasísimos anuncios que vemos en los grandes medios de comunicación se limitan a fomentar que invirtamos en instalaciones de generación eléctrica para que una parte de nuestra factura proceda del autoconsumo. Pero ni el Ministerio para la Transición Ecológica ni el de Consumo se han tomado la más mínima molestia en desarrollar campañas institucionales que ayuden a los consumidores a entender los conceptos de sus recibos y optimizar la potencia contratada.
Lamentablemente, el alto nivel de desconocimiento de los consumidores y la pasividad de los sucesivos Gobiernos al respecto permiten que las eléctricas se froten las manos e inflen aún más los beneficios milmillonarios derivados de sus carísimas tarifas.
Más allá de esa ausencia de campañas de comunicación, bajar la potencia cuesta dinero, por lo que en resumidas cuentas lo que está haciendo este Ejecutivo de coalición, al igual que los anteriores, es desincentivar que los consumidores intenten optimizarla hasta dar con la cifra correcta de kilovatios que necesitan en sus casas.
El cambio de potencia solo ha sido gratuito en una coyuntura concreta. Pero, ¿cúantos consumidores se enteraron de que entre junio de 2021 y mayo de 2022, un cambio regulatorio les permitía cambiar la potencia sin coste hasta dos veces al año? La medida se aprobó como consecuencia de la aprobación del nuevo sistema de facturación por tramos horarios. Si hay tres para el consumo, en el caso de la potencia son dos: el punta, de 8 de la mañana hasta las 0 horas de lunes a viernes no festivos, y el valle, para la otra mitad del horario de los días laborables y los festivos, sábados y domingos completos.
Ante esto, es necesario un ejercicio de responsabilidad por parte de ministros de energía y protección de los consumidores. Las cifras globales de esos beneficios extra no son para tomárselas a broma. El montante del derroche por el exceso de potencia contratada que están sufriendo la mayoría de los 24,8 millones de consumidores domésticos existentes en España ronda los 1.000 millones de euros anuales.
Publicado originalmente en El Plural.
