Tras el repentino fin de un verano que parecía eterno y la llegada del invierno meteorológico, los hogares españoles se han visto obligados, de un día para otro, a activar sus calefacciones de gas, lo que provocará que sus facturas se disparen mientras en buena parte de los casos esperan con excesiva paciencia a que les habiliten la tarifa regulada.
La Tarifa de Último Recurso (TUR), que el Gobierno actualiza cada tres meses, lleva muchos meses batiendo récords de diferencia a la baja con respecto a las siempre carísimas tarifas del mercado libre. A día de hoy, las ofertas de las grandes energéticas se traducen en facturas que, en el mejor de los casos, representan el doble que con la tarifa regulada.
Pero mientras los consumidores intentan de forma masiva huir de sus contratos para pasarse a la TUR, las cuatro compañías designadas por el Gobierno para comercializarlas acumulan enormes retrasos para activarlas. Se trata de filiales de las principales operadoras del mercado, cuyo interés por captar clientes es mínimo, ya que donde realmente tienen el gran negocio es en mantener cautivos a los consumidores en las tarifas de sus comercializadoras de mercado libre.
El pasado octubre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció la apertura de un expediente informativo a estas cuatro empresas ante la multitud de quejas por sus trabas y retrasos para la contratación y activación de la tres modalidades de TUR existentes, que dependen del consumo máximo anual que tenga el usuario (hasta 5.000, hasta 15.000 y hasta 50.000 kilovatios hora).
El colapso en las filiales de las grandes energéticas que ofrecen la TUR no solo se produce como consecuencia de que su número de trabajadores está infradimensionado para atender la demanda actual de contratación. Los consumidores también han denunciado artimañas para eludir las solicitudes de alta. Así, la de Naturgy eliminó el formulario de contratación de su página web, por lo que los consumidores solo tenían la opción de llamar a un teléfono saturado con largos tiempos de espera para que les atendieran. Por su parte, la filial de Iberdrola desindexó su página web de los buscadores, para que los consumidores no lograran encontrarla. Ambas rectificaron tras la denuncia de FACUA en el primer caso y la de un usuario que logró viralizar los hechos en el segundo.
Y tras el anuncio del expediente de la CNMC, ni Curenergía (de Iberdrola), ni Comercializadora Regulada (Naturgy), ni Baser (TotalEnergies) ni Energía XXI (Endesa) han dado precisamente un giro radical en sus protocolos de contratación. De hecho, según ha recogido esta semana una información de la agencia Colpisa citando fuentes del sector, estas empresas necesitarían un año para procesar todas las solicitudes de alta que están recibiendo.
Pero la cuestión es que la ley establece de forma clara plazos máximos para la activación de los contratos de tarifa regulada. Desde que el consumidor solicita el alta a la comercializadora y le facilita todos los datos necesarios para procesarla, hay seis días hábiles como máximo para que la distribuidora gasística de la zona geográfica valide el contrato, confirmando que todo es correcto. Y a partir de entonces, la comercializadora de último recurso está obligada a activarlo y empezar así a aplicar la TUR el día 1, 11 o 21 del mes, el que esté más próximo a la fecha de validación.
Estaría bien que la CNMC acelerara el ritmo de su investigación y anunciara de una vez expedientes sancionadores. Porque los hechos dejan claro que las compañías están incumpliendo sus obligaciones legales, además de las posibles prácticas fraudulentas de algunas de ellas para despistar a los consumidores que intentan contratarlas.
Y también sería lo suyo que tanto el ministro de Consumo, Alberto Garzón, como la vicepresidenta tercera y ministra de energía, Teresa Ribera, instaran a los consumidores a denunciar cualquier retraso de las comercializadoras en activarles la TUR y a reclamar indemnizaciones por ello.
Mientras que el regulador decide ponerse realmente las pilas ante la gravedad de lo que está pasando y los ministros competentes se deciden a alzar la voz con contundencia, es fundamental que los consumidores tengan claro que las demoras en activarles la TUR no tienen por qué suponerles perjuicios económicos.
Por cada día que sigan con sus tarifas de mercado libre una vez vencidos los plazos máximos que marca la ley, pueden exigir a las comercializadoras a las que han pedido el alta que les abone la diferencia entre lo que continúan pagando y lo que pagarían si ya tuvieran activada la tarifa regulada. La cifra no es poca cosa: para un usuario con un consumo mensual de 800 kWh, la diferencia entre lo que pagaría actualmente con la TUR y lo que paga en el mercado libre oscila entre los 61 y los 94 euros mensuales.
Publicado originalmente en El Plural.
