Tras el desfile de caseteros por las televisiones hace unas semanas inventando que la reforma laboral prohíbe jornadas que ya eran ilegales desde hace un siglo y reconociendo sin rubor alguno que no respetan las 12 horas de descanso de sus trabajadores, los datos de la Inspección de Trabajo se sintetizan en una palabra: impunidad.
No hay controles efectivos sobre esa explotación laboral en la Feria de Sevilla. Tampoco los hay en ninguna otra de las más de veinte ferias que se celebran de abril a septiembre en la provincia. Es más, el sector de la hostelería en su conjunto pasa por un reducidísimo número de controles que facilitan este tipo de prácticas que atentan contra los derechos más básicos de los trabajadores
280 inspecciones en tres años. Menos de ocho al mes. Ese es el balance de la vigilancia de la Inspección de Trabajo sobre la duración de la jornada laboral y las horas extraordinarias en los cerca de 4.600 establecimientos de hostelería de la capital andaluza entre 2017 y 2019.
Fueron 59 inspecciones en todo 2017, 120 en 2018 y 101 en 2019. En ellas se detectaron 4, 11 y 31 infracciones, respectivamente, que derivaron en multas que sumaron 3.753, 11.008 y 30.024 euros. En el último de esos tres años, se detectaron irregularidades en casi un tercio de las visitas de los inspectores de Trabajo.
Tras una petición de información realizada por este periodista a través del Portal de Transparencia sobre el número de inspecciones realizadas en los últimos años en que se celebró la Feria de Abril, la respuesta del Ministerio de Trabajo es que en el sistema informático de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no hay una «etiqueta» específica que identifique las actuaciones realizadas en ese evento, por lo que «no es posible identificar los expedientes de forma automatizada».
«Para disponer de la información solicitada, sería preciso realizar un análisis manual de los expedientes generando un volumen muy elevado de información y suponiendo la realización de tareas que implicarían la dedicación exclusiva de varias personas a elaborar este informe», señala en su resolución sobre la petición de los datos la directora del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Carmen Collado. Con este argumento, inadmite parcialmente la misma basándose en que la ley de transparencia permite hacerlo ante las solicitudes de información «para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración».
Lo que sí facilita en su resolución son datos globales relativos a las inspecciones sobre el sector hostelero durante esos años. En total, 1.030 inspecciones en 2017, 1.235 en 2018 y 1.169 en 2019. En ellas se detectaron 229, 242 y 297 infracciones. El primer año derivaron en multas por un total de 1.996.510 euros, que aumentaron a 3.166.611 euros el segundo y 3.265.458 euros el tercero.
De esas 95 actas de inspección mensuales, en 55 se vigiló si había trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social o extranjeros sin autorización. Los controles en los que se investigaba la duración de la jornada laboral para detectar si se estaban respetando las 12 horas de descanso establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y el tope de horas extraordinarias permitidas en el sector fueron muy inferiores: solo ocho al mes.
La inspección sanitaria y de consumo, aún peor
Aún peores son los datos de la inspección de Salud y Consumo —en ambos casos es competencia municipal en la capital sevillana—. Los datos facilitados por el Ayuntamiento hispalense tras su solicitud a través de su Portal de Transparencia revelan que el año pasado solo se realizaron 1.313 inspecciones de consumo y 765 veterinarias al total de bares y restaurantes de la ciudad.
En resumen, cada establecimiento hostelero recibe la visita de un inspector de consumo cada tres años y medio y la de un veterinario municipal cada seis años.
Durante estos días de Feria, las 1.053 casetas hacen que Sevilla cuente con cerca de 6.000 locales de hostelería en activo. A ellos hay que añadir una larga lista de empresas dedicadas a la fabricación y distribución al por mayor de alimentos. Para vigilarlos a todos, el consistorio tiene menos de una decena de veterinarios.
Y quien piense que las cosas cambiarán cuando ocurra alguna desgracia olvida que hace tres años la Listeria en los productos de la empresa sevillana Magrudis no solo puso de manifiesto las importantes carencias y gravísimos errores en la inspección —hay una veterinaria imputada—. El caso se saldó con cuatro muertos, seis abortos y una cifra de intoxicados imposible de calcular. Nada ha cambiado desde entonces.
Publicado originalmente en El Plural.
