En lugar de emprender nuevas medidas que protejan a la gran mayoría de consumidores del tarifazo eléctrico, el Gobierno de coalición se ha limitado a aprobar un nuevo parche en el bono social, de manera que durante cinco meses aumentarán los descuentos que se aplicarán en las facturas de sus escasísimos beneficiarios. Algo que denota una falta de sensibilidad con los problemas económicos que atraviesan un altísimo porcentaje de familias españolas.
Sólo 1,2 millones de familias tienen bono social. Una cifra ridícula teniendo en cuenta el número de personas que podrían acogerse al mismo, pero la inmensa mayoría no lo hace porque desconoce su existencia y el Ejecutivo sigue sin poner en marcha grandes campañas de publicidad institucional para darlo a conocer con cargo al sector eléctrico. Pero aún más grave es el hecho de que los requisitos para acceder al bono excluyen a multitud de consumidores de bajo poder adquisitivo, pero no lo suficientemente bajo.
Criterios injustos y contradictorios
Desde FACUA llevamos años reclamando a los sucesivos gobiernos que aumenten el nivel de ingresos exigible a las familias para que sean muchas más las que puedan acogerse al bono social. Para colmo, y de manera injusta y contradictoria, cualquier familia numerosa, aunque se trate de multimillonarios, tiene derecho a acceder al bono, porque para ellas no se establece ningún tipo de línea de corte en los ingresos.
Las familias numerosas son, además, las que se benefician del mayor número de kilovatios hora (kWh) con precios bonificados de entre todos los perfiles definitivos en la normativa que regula el bono social. Son 4.140 kWh anuales a los que se les aplica el descuento -junto a la totalidad del importe de la potencia contratada-, frente a los 1.380 kWh para familias sin menores, los 1.932 kWh para las que tienen un menor o las de pensionistas que perciben la cuantía mínima y los 2.346 kWh de las familias con dos menores.
Los descuentos se aplican prorrateados en función del número de días incluidos en el ciclo de facturación. En una factura que abarque 31 días, la bonificación se repercute a los primeros 352 kWh de las familias numerosas, 117 kWh para las que no tienen menores, 164 kWh para las familias con un menor o las de pensionistas con la cuantía mínima y 199 kWh para las familias con dos menores.
En el caso de los consumidores vulnerables con bono social, si sus recibos eléctricos se han emitido a partir del 28 de octubre, todo el ciclo de facturación tendrá el nuevo descuento del 60% sobre la totalidad de la potencia contratada y una parte de la energía consumida, frente al tradicional 25%. Así lo establece el real decreto-ley aprobado esta semana por el Gobierno. En cuanto a los que cumplen los requisitos para ser considerados vulnerables severos, el descuento para los que tienen bono social será del 70%, frente al 40% que se aplicaba hasta la fecha. La medida estará en vigor hasta el próximo 31 de marzo.
Nuestras reivindicaciones
Los cambios aprobados de manera coyuntural en el bono social distan mucho de las reivindicaciones que venimos traslandando desde FACUA al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica –Teresa Ribera es la máxima responsable en la política energética- y también a los de Consumo, Alberto Garzón, y Asuntos Sociales, Ione Belarra.
Estamos reclamando al Gobierno de coalición que imponga durante al menos seis meses un descuento mínimo del 50% en la factura eléctrica sometida a la tarifa semirregulada PVPC de la inmensa mayoría de familias, excluyendo sólo a las de rentas más altas. Descuento que se aplicaría sobre la totalidad de la potencia contratada y sobre la gran mayoría de la energía consumida. Y que al igual que el actual modelo de bono social, correría a cargo de las principales energéticas que operan en España de manera proporcional a sus cuotas de mercado.
Las cifras
En FACUA hemos calculado que con las tarifas de este octubre -a la espera de conocer los datos de los dos últimos días del mes-, el usuario medio pagará una factura que rondará los 122 euros. Nada menos que un 88% por encima de los casi 65 euros de octubre del año pasado.
A partir del consumo de un usuario medio en el modelo que utilizamos en nuestros análisis -366 kWh mensuales y 4,4 kW de potencia-, también hemos cuantificado lo que representará la factura de octubre para todos los perfiles de consumidores con bono social. Por ejemplo, una familia con dos menores catalogada como consumidores vulnerables pagará un recibo de casi 79 euros, un 47% de los cerca de 54 euros que abonó en octubre del año pasado. Si en esta familia vulnerable con bono social no hay menores, pagará casi 94 euros, un 67% por encima de los más de 56 euros que abonó hace un año.
Publicado originalmente en FACUA.org/consumerismo
