Es imposible y lo fue desde el principio. El presidente del Gobierno no cumplirá su compromiso de igualar las tarifas eléctricas de hace tres años. Una promesa fruto de un grave error de cálculo matemático y político propio de principiantes que le costará caro al presidente cuando finalice este año. No podrá hacerlo con las medidas aprobadas a mediados del mes pasado. Y tampoco podría si de repente se sacase de la chistera de ilusionista que le fabricó quien le dijo que lanzara esa promesa una nueva bajada del IVA al mínimo del 4% o convenciese a Competencia de que elimine totalmente los peajes durante unos meses.
En una entrevista publicada el 5 de septiembre en El País, Pedro Sánchez anunció el «compromiso» de que «todos los ciudadanos con un consumo medio al final de 2021 paguen una cuantía semejante y similar a la que pagaron en 2018, lógicamente con el IPC descontado». El presidente repitió el mismo anuncio cuando presentó las medidas concretas que llevaría a cabo para lograrla, incluidas en un Real Decreto-ley aprobado el 14 de septiembre.
Si se realiza un análisis de los precios del kilovatio hora en los días previos a esa entrevista y a la fecha en que el Consejo de Ministros aprobó el paquete de medidas, las cifras salen. El efecto en los términos fijo y variable de la factura que provocarían la bajada de los cargos regulados (un 96,1%) y del impuesto especial sobre la electricidad (que pasó del 5,11 al 0,5%) no eran poca cosa. Daban como resultado un recibo mensual que, de mantenerse estable hasta diciembre, harían que toda la facturación de 2021 equivaliese a la de 2018 más un porcentaje parecido al que podría representar el IPC acumulado desde entonces hasta el que podía preverse para final del año.
Pero el gran error de quien aconsejó a Sánchez que anunciase esa promesa fue que hizo sus cálculos a partir de esa foto fija del precio de la luz en los días previos a que las medidas se publicasen en el BOE. Se ve que quiso creer que a partir de que el presidente lanzase su compromiso, el oligopolio daría por saciado su voraz apetito inflacionista manteniendo esas mismas tarifas hasta que finalizase el año. Un autoengaño propio de alguien tan iluso como para pensar que un sector que lleva décadas maximizando beneficios a base de presionar a gobiernos y engatusar a políticos con sus puertas giratorias para que (des)regulen a su antojo tendría la más mínima “empatía social”.
Resultaba obvio que la reacción de las grandes eléctricas no sería precisamente la de dejar de subir las tarifas. ¿Acaso el decreto incluía una sola medida que les obligara a ello? Quizás lo imprevisible era hasta dónde serían capaces de llegar los oscuros señores de la luz con su respuesta al Gobierno cuando aprobase que tendrían que devolver 2.600 millones de sus beneficios extraordinarios para que el sistema pudiese sufragar durante seis meses una drástica bajada en los cargos regulados de la factura.
Que el precio medio en la subasta mayorista haya rozado ya los 300 euros ha sido una de esas respuestas a las medidas aprobadas por el Gobierno, que en el plano político han incluido la amenaza de cierre repentino de las nucleares, la paralización de inversiones en renovables y el carmonazo, un intento de humillación al PSOE con la puerta giratoria más atípica y patética de la historia.
Tomando como referencia las tarifas que han salido de la subasta diaria en los primeros siete días de octubre, el recibo mensual del usuario medio del modelo FACUA (consumo de 366 kWh y 4,4 kW de potencia) representaría ya nada menos que 123,69 euros. En agosto, la factura superó por primera vez el récord histórico de 88,66 euros alcanzado en el primer trimestre de 2012. Fueron 93,10 euros, a los que siguieron los 102,71 de septiembre, en los que ya se aplicaba la bajada del impuesto especial sobre la electricidad y, en la segunda mitad del mes, también la de los cargos.
En el imprevisible caso de que los precios de esos primeros días de octubre se mantuviesen estables lo que queda de año, la factura de 2021 representaría 1.111 euros. Nada menos que un 20% por encima de los 926 euros de 2018.
En cualquier caso, tampoco hay que perder la perspectiva. Poner el objetivo en igualar -“con el IPC descontado”- la factura de 2018 también era un juego de trilerismo. ¿Alguien recuerda cuánto pagó hace tres años por los recibos de la luz? El solemne compromiso del presidente hacía creer a la inmensa mayoría de los consumidores que 2018 fue un buen año.
La cuestión es que precisamente en enero de ese año, Sánchez pidió explicaciones y medidas regulatorias al entonces presidente, Mariano Rajoy, ante la enorme subida que habían experimentado en el trimestre anterior las facturas de la luz, que siguieron encareciéndose durante los meses posteriores. De hecho, 2018 fue el segundo más caro de la historia, sólo por detrás de 2012, cuando el usuario medio pagó 958 euros.
«En la última década no se había registrado un precio tan alto de la electricidad en España. El recibo ha pasado de 46 euros a 88, casi el doble. ¿Qué tiene que decir el Gobierno?», preguntaba Sánchez en un tuit en enero de 2018. «La subida de la luz del 8% prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy, y alerta del riesgo de más gente sufriendo pobreza energética», había advertido ya en agosto de 2014. El encarecimiento interanual ha alcanzado en la primera semana de octubre el 110%.
Hoy por hoy, más allá de los muchísimos cambios que a nivel estatal y comunitario resultan necesarios para acabar con esta liberalización estafa y los infladísimos beneficios de las grandes eléctricas, el único mecanismo que podría utilizar el Gobierno para reducir drásticamente las tarifas es una intervención para la que le faculta la directiva europea del sector. Se trata de declarar a la inmensa mayoría de familias consumidores vulnerables -excluyendo sólo a los de mayores niveles de renta- e imponer un descuento de al menos un 50% en las facturas de los que tengan las tarifas semirreguladas PVPC. Una medida que se podría extender durante seis meses y revisarse si tras ese periodo el mercado sigue tan disparado como desde comienzos de año.
Y es que las medidas aprobadas en septiembre son, como lo fue la bajada del IVA en junio, intentos de soluciones parciales y coyunturales a un problema estructural que los consumidores venimos sufriendo con el sector eléctrico desde la primera década de este siglo. Durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero no se cuestionaron las principales bases del modelo de liberalización eléctrica impuesto por José María Aznar, diseñado por el infame Rodrigo Rato. Tampoco ahora, cuando sólo se intentan poner parches que encima son más pequeños que el agujero que se pretende tapar.
Publicado originalmente en elDiario.es
