El año que vivimos peligrosamente

2020 ha sido un año especialmente duro. Un año en el que muchos hemos perdido a seres queridos. Un año en el que todos nos hemos tenido que enfrentar a las dificultades que ha suscitado la pandemia. En FACUA hemos hecho todo lo posible por dar la talla en la defensa de los consumidores.

Desde que el Gobierno decretó el estado de alarma a mediados de marzo, nos planteamos dos prioridades. La primera, continuar nuestra labor a través del teletrabajo para garantizar que tanto la atención a los consumidores como el resto de nuestras actividades continuasen desarrollándose. Para ello, establecimos un sistema de comunicaciones que ha permitido que el conjunto de nuestros profesionales y tanto los dirigentes de FACUA como los de nuestras asociaciones territoriales estuviésemos permanentemente interconectados. Asimismo, hemos aumentado el número de líneas telefónicas y, desde junio, atendemos a nuestros socios plenos mediante un sistema de cita previa en nuestras oficinas territoriales, que han sido adaptadas con las debidas medidas de seguridad para prevenir la Covid-19.

Durante todo este periodo hemos mantenido reuniones y cursos de formación online para tomar decisiones y trasladar a nuestros equipos toda la información necesaria sobre los acontecimientos que se iban produciendo con incidencia en los derechos de los consumidores y las medidas que íbamos llevando a cabo al respecto. También hemos celebrado por videoconferencia tanto las asambleas anuales de nuestras 17 organizaciones territoriales como el 4º Congreso de FACUA.

Alertas y denuncias

Nuestra segunda prioridad fue identificar todos los problemas que iban a sufrir los consumidores como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia. Por un lado, los abusos y fraudes que se producirían, con el fin de emprender actuaciones de denuncia y difundir información sobre los derechos de los usuarios para ayudarles a reclamar.

Así, a lo largo de estos meses hemos emprendido numerosas acciones ante la negativa de aerolíneas, agencias de viajes, organizadoras de espectáculos… a devolver el dinero por servicios que habían sido cancelados. También hemos desarrollado una campaña para informar del derecho a reclamar a las aseguradoras de vehículos la devolución de una parte de las cuotas anuales ante la disminución del riesgo de siniestros derivado del confinamiento y las limitaciones de la movilidad. Y dentro de una larga lista de actuaciones, no podemos dejar de destacar la puesta en marcha de una plataforma para asesorar y defender a los cerca de 100.000 afectados por la quiebra de Dentix.

Reivindicaciones al Gobierno

Junto a nuestras alertas y denuncias, hemos mantenido una interlocución permanente con el Ministerio de Consumo y la Vicepresidencia de Derechos Sociales para trasladarles las reivindicaciones de FACUA sobre los necesarios cambios regulatorios para proteger a los consumidores, especialmente los que sufren mayores problemas económicos. Fruto de estas reivindicaciones, algunas expuestas por nuestra organización en solitario y otras junto a otros muchos movimientos de la sociedad civil, el Gobierno ha adoptado un importante número de medidas.

Así, se prohibieron los cortes de suministros de telecomunicaciones, agua, luz y gas. Los tres últimos han vuelto a prohibirse este mes para los consumidores vulnerables, al igual que los desahucios. También se prohibió, durante el confinamiento, que las compañías de telecomunicaciones aplicasen subidas de tarifas en aquellos servicios donde no podían realizarse portabilidades. Asimismo, el Gobierno estableció que los consumidores tenían derecho a recuperar el importe pagado por cualquier producto o servicio que no pudieran recibir como consecuencia de la pandemia y las medidas adoptadas por las administraciones. En cuanto a los alquileres de viviendas, hipotecas, créditos y préstamos no hipotecarios, se aprobaron moratorias y quitas para las familias con mayores dificultades económicas.

Y este mes de diciembre, hemos logrado un cambio legal impulsado por el Ministerio de Consumo por el que las empresas ya no podrán obligar a sus clientes a llamar a teléfonos con prefijos 901 y 902. Una reivindicación histórica de FACUA que pondrá fin a un abuso que ha representado alrededor de 100 millones de euros anuales.

Para desarrollar todas estas reivindicaciones y denuncias son fundamentales los socios de FACUA que, cada año, aportan una cuota para contribuir a nuestra financiación. Una cuota que en 2021 será de 75 euros y gracias a la cuál podemos contar con un equipo de profesionales que atienden las consultas y reclamaciones de los asociados de pleno derecho; que detectan, dan a conocer y denuncian las prácticas fraudulentas que se producen en el mercado; y que identifican los cambios legales que debemos exigir para aumentar la protección de los consumidores.

Sin duda, hemos cometido errores, y estamos aprendiendo de ellos para mejorar. Ha sido un año difícil en el que hemos tenido que enfrentarnos a retos inimaginables cuando comenzó. El apoyo de nuestros socios nos hace confiar en que el próximo año seguiremos avanzando en la lucha por los derechos de los consumidores. En 2021, el año de nuestro 40 aniversario, alcanzaremos los 250.000. Nuestra fuerza son nuestros socios, ya que gracias a su apoyo podemos seguir siendo una organización representativa, solvente e independiente.

 

Publicado originalmente en FACUA.org/consumerismo