Llevan décadas ocultando qué hacen con nuestras denuncias contra las empresas que cometen fraudes, pero ahora se están viendo obligadas a contárnoslo.
El Defensor del Pueblo se hizo eco de las reiteradas quejas de FACUA y convenció al Ministerio de Consumo de introducir un cambio de calado en la ley de defensa de los consumidores. Un cambio por el que ahora, basta con que las asociaciones de consumidores tengamos un socio afectado por una irregularidad sobre la que exista un expediente sancionador para que la autoridad competente tenga no solo que informarnos, sino también que admitirnos como parte interesada en el procedimiento.
Las autoridades de protección a los consumidores de las comunidades autónomas y los ayuntamientos ya no pueden continuar con su tradicional opacidad. Una opacidad con la que históricamente no han hecho más que trasladarnos el mensaje de que les preocupaba más proteger los intereses del defraudador que los de los defraudados.
Como si no quisieran que ninguna víctima de las irregularidades que habían provocado un expediente sancionador pudiese conocer de su existencia y reclamar también sus derechos. O como si tuvieran miedo de que la empresa en cuestión pudiera enfadarse porque se airearan sus prácticas ilícitas.
Y esa falta de transparencia la hemos padecido tanto con gobiernos de izquierdas como de derechas, tanto con partidos estatales como regionalistas o nacionalistas. Salvo, eso sí, alguna honrosa y aislada excepción. La de Baleares, en las dos últimas legislaturas.
Políticos apocados e irresponsables dando la orden de silenciar el trabajo de sus funcionarios frente a los fraudes. Dando incluso la orden de minimizar las sanciones o de guardar los expedientes en un cajón para que terminen archivándose porque prescriba el plazo para sacarlos adelante.
Hasta ahora han conseguido evitar que supiésemos qué había detrás de la falta de respuesta a nuestras denuncias contra prácticas que en muchos casos han supuesto el robo de muchos millones de euros a muchos millones de consumidores. Han conseguido evitar que recurriésemos el archivo de expedientes que ni siquiera sabíamos que existían o la imposición de multas ridículas por prácticas gravísimas.
No podemos decir que eso se acabó. Porque, seamos realistas, no tenemos la capacidad de actuar ante todas las prácticas ilícitas que cometen todas las grandes empresas. Y no tenemos la capacidad de personarnos en todos los expedientes abiertos por fraudes masivos por todas las administraciones de consumo.
Pero ese cambio legal que hemos logrado tras años y años de reivindicaciones va a provocar un antes y un después en la protección de los consumidores en España. Esa obligación de transparencia y ese reconocimiento al papel que están llamadas a desempeñar las asociaciones que defienden tus derechos va a dar lugar, poco a poco, a cambios importantes.
Entre ellos, algo tan importante como que podamos contarte más cosas que, vete a saber por qué, no quieren que sepas.
Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.
Editorial del episodio 11 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
