Mi quinta demanda contra el ultra Raúl Alfonso Paredes (Un murciano encabronao)

Acabo de interponer la quinta demanda por difamación contra el youtuber de ultraderecha Raúl Alfonso Paredes, alias Un murciano encabronao. 

En julio de 2024, este señor fue condenado por afirmar o sugerir en hasta 35 ocasiones que soy cocainómano y que utilizo dinero de las subvenciones que recibe FACUA para comprar la droga.

Lo había hecho en al menos siete publicaciones lanzadas entre abril de 2021 y febrero de 2022 en su página web, dos de sus canales en YouTube y los que tiene en Facebook, iVoox y Patreon.

Este viernes 12 de septiembre me ha llegado la notificación de firmeza de la sentencia, que el condenado recurrió sin éxito ante la Audiencia Provincial de Sevilla.

Una sentencia que le obliga a eliminar esas siete publicaciones difamatorias y a realizar otras tantas en los mismos canales para dar a conocer el fallo judicial. Además, tendrá que indemnizarme con 30.000 euros más los intereses judiciales que se han acumulado desde la sentencia, que superan ya los 1.800 euros, y las costas del procedimiento judicial, es decir, los honorarios de mi abogado y mi procurador, más de 15.000 euros. En total, Raúl Alfonso Paredes tiene que pagarme una cifra superior a los 47.000 euros.

Nada más conocer su condena, el ultra puso en marcha una campaña de difamación contra la jueza, a la que acusó de haber cometido delito prevaricación inventando que somos amigos y acusándola de dictar la sentencia a las órdenes de un ministro a petición mía. La Fiscalía lo denunció por estas graves afirmaciones y ahora está también procesado por delitos de injurias y calumnias contra la magistrada. Le pide por ello 18 meses de prisión.

Pero ni la condena ni la petición de cárcel por parte de la Fiscalía han provocado que Raúl Alfonso Paredes cese en sus insultos y mentiras sobre mí. Más bien al contrario. Desde que fue condenado, me ha dedicado una enorme lista de insultos, ha inventado nuevas difamaciones e incluso me ha acusado de distintos delitos en más de 50 publicaciones.

Este ultra ha deslizado que sus ataques están motivados por el odio que siente hacia mí porque, según dice, soy comunista. Lo hizo tras quejarse una y otra vez de que me refiero a él como “ultraderechista”, al tiempo que afirmó que es una persona que defiende la dictadura franquista.

Raúl Alfonso Paredes ha llegado al extremo de afirmar una y otra vez que soy un extorsionador que exige dinero como lo hacía la banda terrorista ETA con sus cartas a empresarios. Y lo ha hecho porque me dirigí a la cadena de radio online con la que colabora, Multicanal Radio, para reclamar el cese de los insultos y bulos que Raúl Alfonso Paredes me viene dedicando en esa emisora, la eliminación de esos contenidos y una indemnización por el daño moral provocado con ellos.

Esos obsesivos ataques contra mí me han obligado a interponerle una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta demanda por intromisión ilegítima en mi derecho al honor. Además de reclamarle nuevamente la eliminación de sus publicaciones difamatorias y la publicación de los fallos judiciales, en estas nuevas demandas le reclamo indemnizaciones que suman 165.000 euros más las costas de los procedimientos judiciales.

He venido haciendo públicas estas nuevas demandas con el objetivo fundamental de que Raúl Alfonso Paredes reflexionase y parase sus insultos y bulos contra mí. Sin embargo, no solo se ha jactado en nuevos vídeos del daño que me está causando, asegurando incluso que le tengo miedo y que está provocándome problemas no ya psicológicos sino físicos. Además, hace unos días aseguró que se pasa mis demandas por su miembro y que le da igual si vuelven a condenarle.

Desconozco si realmente le dan igual las consecuencias judiciales de esa enfermiza campaña de odio contra mí. De momento y dado que no ha acatado la primera sentencia, voy a interponer una demanda de ejecución para solicitar que le impongan una multa de 2.000 euros por cada nuevo mes que transcurra sin que lo haga. En esa demanda, obviamente, voy a solicitar también el embargo de sus cuentas bancarias y de sus bienes inmuebles.

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