Las subidas de los precios representan el problema que más preocupa a los españoles, según diferentes encuestas.
El clamor ciudadano y, sobre todo, la enorme relevancia que dan los grandes medios de comunicación a las subidas de la electricidad, fueron los grandes detonantes de que el Gobierno emprendiese medidas inéditas en la Unión Europea para frenarlas. Medidas que primero se limitaron a bajadas de impuestos, algo que tiene una nula repercusión en las cuentas de resultados de las energéticas, pero que después supusieron también un tope a sus beneficios. No implicaron un recorte de esos beneficios pero sí una limitación, mediante el famoso tope al gas. En resumen, el mensaje para el sector fue «sigan ustedes forrándose, pero hasta aquí pueden llegar».
Sin embargo, con las subidas de los alimentos, que han tenido un impacto mucho más brutal en la economía de las familias, el Gobierno no se ha atrevido a actuar de la misma forma. A diferencia de lo que hubo que hacer con la electricidad, en este caso ni siquiera resultaba necesario cambiar la legislación y consultar previamente a la Comisión Europea. Bastaba con aplicar un precepto establecido en una ley aprobada hace casi 30 años con el consenso de todas las fuerzas políticas, la ley de comercio, y fijar topes a los márgenes de beneficio de toda la cadena alimentaria. Fijar topes a los precios que pagamos los consumidores.
Pero no, en este caso, el Gobierno ha optado por una medida extraordinariamente blanda, la bajada del IVA en algunos alimentos. La medida que estaban pidiendo las propias cadenas de supermercados, ya que no conlleva recorte alguno en sus beneficios y de paso sirve para desviar la atención.
Vendida a bombo y platillo, esa pequeña rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido sobre un muy limitado número de productos de alimentación permitía trasladar a la opinión pública la idea de que por fin se hacía algo con unos precios que llevaban más de un año subiendo de forma descomunal. De que por fin se ponía solución al problema. Y para alimentar esta idea aparecían voces, entre ellas algunas asociaciones de consumidores pagadas por la principal cadena de supermercados del país, que reclamaban que la bajada del IVA se extendiese a más alimentos. Como si bajar el IVA 4 o 5 puntos fuese la solución a subidas de precios que han alcanzado en muchos casos el 40, el 50, el 80 o incluso más del 100 por 100.
Para colmo, comprobamos que esa única y tímida medida sobre los precios de los alimentos ni siquiera se ha cumplido en un alto porcentaje de casos. La bajada del IVA implicaba no aumentar los márgenes de beneficio durante los seis meses en los que se aplicase. Sin embargo, 4 de cada 10 precios de alimentos afectados por la rebaja han subido en este periodo. Lo hemos destapado desde FACUA, una de las pocas asociaciones de consumidores del país que no recibe dinero ni de cadenas de supermercados ni de ninguna otra empresa privada. Pero ni se ha producido reacción a nuestras denuncias desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ni desde el propio Gobierno.
Es más, acabamos de constatar que el Gobierno no ha llevado a cabo el seguimiento de la evolución de los precios previsto en el real decreto ley por el que se aprobó la bajada del IVA. Quienes tenían encomendado controlarlos y quienes anunciaron esos controles han optado por no controlar nada y por mirar hacia otro lado ante cada dato que ha apuntado hacia subidas injustificadas de precios.
La rebaja fiscal no solo ha sido una medida insuficiente, una estrategia de despiste para no recortar los beneficios de la gran industria alimentaria y de las grandes cadenas de supermercados. Ha sido también una enorme tomadura de pelo a los consumidores.
Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.
Editorial del episodio 14 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
