Por fin van a actuar. Llevábamos cinco años denunciando irregularidades que afectan a millones de consumidores. Llevábamos cinco años llamando a las puertas de distintos organismos del Gobierno y ninguno anunciaba medidas pero por fin alguien va a hacer algo.
El Ministerio de Consumo acaba de dar a conocer que está investigando a siete compañías aéreas por cobrar a los pasajeros un extra por llevar equipaje de mano. Lo cobran pese a que la ley establece que las aerolíneas están obligadas a permitir, de forma gratuita, que el pasajero lleve en cabina los objetos y bultos que necesite para su viaje.
Esa ley, la de navegación aérea, que data de 1960, indica que solo pueden impedirte que viajes con tu equipaje en cabina por razones de seguridad, vinculadas a su peso o tamaño y a las características del avión. Es decir, más allá de las grandes maletas que deben ir en bodega porque no caben ni debajo de los asientos ni en los compartimentos de encima, tienes derecho a llevar varios bultos. Ni siquiera te pueden plantear que el primero es gratis pero a partir del segundo pagas un extra. Si caben en cabina, están incluidos en el precio del billete. Y si te cobran por ese equipaje de mano, tienes derecho a reclamar que te devuelvan el dinero.
Desde 2018, veníamos denunciado el cobro ilegal de suplementos por el equipaje de mano ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Dirección General de Consumo y las autoridades de protección de los consumidores de las comunidades autónomas. Ahora, la nueva Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo ha anunciado una investigación sobre siete aerolíneas que puede derivar en multas que, esperemos, sean proporcionales al beneficio ilícito obtenido por estas empresas.
Esa subdirección general se creó después de que hace justo un año el Ministerio asumiese competencias para sancionar los fraudes masivos. Competencias que ahora comparte con comunidades autónomas y ayuntamientos. Competencias que asumió como consecuencia de una modificación de la ley general para la defensa de los consumidores. Una modificación introducida a raíz de reivindicaciones históricas de FACUA y que llevábamos trasladando al ministro Alberto Garzón como una de las cuestiones prioritarias en las políticas de consumo desde el inicio de la legislatura.
Este es el primero de los expedientes que anuncia el Ministerio de Consumo. Podría también ser el último, porque la legislatura está a punto de acabar. Que se sigan investigando y sancionando abusos y fraudes de grandes empresas contra los consumidores dependerá de la voluntad política del ministro o ministra que asuma las competencias en materia de protección de los consumidores en el próximo Gobierno de España.
Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.
Editorial del episodio 13 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
