¿Te acuerdas de los controles sobre la evolución de los precios de los alimentos afectados por la rebaja del IVA que anunció el Gobierno cuando aprobó la medida? Pues el Gobierno no se acuerda. O no se quiere acordar. Estamos ya en su quinto mes de aplicación y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sigue sin hacer público ni un solo dato de esos controles. El ministerio de Luis Planas anunció en enero que serían ellos los que llevarían a cabo los seguimientos de los precios. Y hasta la fecha, lo único que ha dicho al respecto es que las grandes cadenas de super e hipermercados están cumpliendo… porque se lo han contado las propias cadenas.
Mientras esperamos a que el Gobierno se decida a hacer públicos los resultados de sus supuestos estudios, en FACUA seguimos haciendo los nuestros. Estudios pequeños, sobre solo 1.000 precios, realizados en las ocho principales cadenas de distribución. Pero son los únicos estudios de cierta envergadura que están trascendiendo públicamente. Y en ellos se pone de manifiesto que buena parte de esos precios, que deberían estar congelados, han subido. Cada mes suben unos cuantos más. A comienzos de mayo ya hemos detectado subidas en el 44 por ciento. Según la ley, solo pueden subir de precio los alimentos con bajada del IVA en los que se haya producido un incremento de costes.
Nosotros, cada mes, estamos trasladando las conclusiones de nuestros estudios a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Lo hacemos para que cumpla con la función que le encomendó el real decreto-ley por el que se aprobó en diciembre la rebaja del IVA. Es decir, que Competencia investigue si esas subidas de precios se producen porque las empresas de distribución, los fabricantes o cualquier otro miembro de la cadena alimentaria están aumentando sus márgenes de beneficio. O si por el contrario resulta que en todos los casos, en los cientos de alimentos que siguen subiendo de precio, se han producido incrementos de costes.
Pero mientras Agricultura sigue ocultando los datos que obtiene de sus estudios, Competencia sigue sin contestar a nuestras peticiones de investigación.
En resumen, los precios siguen subiendo, los grandes fabricantes y cadenas de distribución se forran a lo grande y aquí no pasa nada. Y si a alguien se le ocurre proponer medidas para frenar esto, algunos saltan a degüello. Si reclamamos que el Gobierno fije precios o márgenes de beneficio máximos a los alimentos básicos, como establece la ley de comercio de 1996, hay quien se hace el escandalizado, hablando de que esto podría traer la ruina y cartillas de racionamiento. La última propuesta para intentar reducir los precios ha venido de Podemos. La creación de una cadena de supermercados pública, desde la que se apliquen márgenes justos. Y claro, hay una larga cola de todólogos ofreciéndose a intentar ridiculizar la medida en alguna tertulia. Un supermercado público. Vaya ocurrencia. ¿Qué será lo próximo? ¿Una televisión pública? ¿Educación pública? ¿Sanidad pública? Si es que algunos plantean cada disparate…
Soy Rubén Sánchez… y en ocasiones veo fraudes.
Editorial del episodio 9 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
