El ministro Planas monta un paripé para negar las subidas de precios

Una y otra vez, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, está empeñado en defender que las grandes cadenas de distribución están acatando escrupulosamente la obligación de repercutir la bajada del IVA a los precios de los alimentos afectados sin aumentar sus márgenes de beneficio durante los al menos cuatro meses que estará en vigor la medida.

“Todos los sectores y eslabones de la cadena se han comportado muy bien”, dijo Planas el pasado miércoles durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. “Me gustaría señalar el papel de la distribución, que ha reflejado muy fielmente lo que desde el punto de vista legal, era obligatorio, la disminución del IVA, pero con un espíritu positivo”. El paripé fue lamentable.

Pero los datos con los que Planas defiende a las grandes empresas se basan en la más absoluta nada. Desde que se aprobó la medida, el 27 de diciembre, hasta el día de hoy, ni el ministro ni su ministerio han hecho públicas las conclusiones de ninguno de los seguimientos de precios que, según anunció, llevaría a cabo su Observatorio de Precios de los Alimentos.

“La efectividad de esta medida se verificará mediante un sistema de seguimiento de la evolución de los precios”, indica el artículo 72 del Real Decreto-ley 20/2022, de 28 de diciembre. Tras un amago por parte de la ministra de Comercio, Reyes Maroto, fue el ministerio de Planas el que salió a aclarar a comienzos de enero que se encargaba de ese seguimiento.

Y no se trataba solo de comprobar que el 1 de enero los precios eran idénticos a los del 31 de diciembre, pero con el recorte del IVA del 4 al 0% y del 10 al 5%, según los casos. La medida implica una congelación de márgenes de beneficio hasta que finalice abril —y puede que hasta que acabe el semestre si la inflación subyacente de marzo no baja del 5,5%—.

Y es que el citado artículo del real decreto-ley indica que “la reducción del tipo impositivo beneficiará íntegramente al consumidor, sin que, por tanto, el importe de la reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios en la cadena de producción, distribución o consumo de los productos”.

Hasta la fecha, de los pocos estudios que han trascendido públicamente, ninguno de ellos elaborado por el Gobierno, los llevados a cabo por FACUA son los que abarcan un mayor número de precios. El último, presentado el 9 de febrero, abarca 1.020 precios de alimentos afectados por la rebaja fiscal en ocho grandes cadenas de distribución. De ellos, 178, el 17,4%, han subido con respecto a los que marcaban el 30 de diciembre y una vez descontada la rebaja del IVA.

Así que mientras FACUA ha constatado de forma empírica que casi uno de cada cinco precios en los que está prohibido aumentar márgenes de beneficio han subido, el ministro que ha asumido la responsabilidad de controlar todo esto se dedica a aplaudir a las grandes empresas que aplican esas subidas asegurando que no lo están haciendo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por cierto, sigue sin contestar a las denuncias de la asociación contra las grandes cadenas de supermercados e hipermercados.

En paralelo, la vicepresidenta Calviño también afirma que todo va bien y se basa en dos experiencias. La primera, que ella va al supermercado: “He visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA, han bajado los precios”, dijo el 8 de febrero, también en el Congreso. Bendita sea esa memoria prodigiosa que le permite recordar cuáles eran los precios de cada uno de los productos que compraba en diciembre y esa capacidad de hacer un cálculo matemático mientras realiza la compra para resolver que en todos ellos se ha aplicado de forma exacta la rebaja del impuesto.

La segunda experiencia que le permite a Calviño saber que las grandes empresas están cumpliendo la medida es que las grandes empresas le han contado que están cumpliendo la medida. “Esa esa información que nos transmiten también los grupos de distribución”, dijo también durante su comparecencia de hace dos semanas.

La parte socialista del Gobierno ya ha decidido su relato y ha optado por no permitir que la realidad se lo estropee. Así que cuando trasciende cualquier estudio independiente que advierta de un elevado índice de subidas en los precios que deberían estar congelados -salvo que se haya producido aumento de costes en alguna fase de la cadena-, optan por mirar hacia otro lado.

El PSOE tiene especial interés en aparentar que todo el mundo está repercutiendo la rebaja del IVA a los precios y los mantiene congelados. Y es que pretende que con esa medida, que aún cumpliéndose al 100% tendría un impacto muy reducido en el gasto de los consumidores, todos creamos que ya está resuelto el problema de las descomunales subidas que hemos sufrido en el último año. ¿Para qué intervenir los precios de los alimentos básicos, poniéndoles topes, como piden FACUA y Unidas Podemos, si tras lo del IVA Calviño dice que está ahorrando una barbaridad?

El lunes, Planas ha convocado al Observatorio de la Cadena Alimentaria para que le confirme qué todo está bien y que no hay motivos para creer que nadie está incumpliendo la ley. Por cierto, no lo convocaba desde julio de 2021, pese a que las subidas de precios han sido especialmente acusadas en el último año.

Ese Observatorio es un foro en el que participan, junto al Ministerio, las administraciones autonómicas y locales, la sociedad pública Mercasa, los sectores de la producción, transformación y distribución de los alimentos y, supuestamente, los consumidores.

No descartemos que el ministro se apoye en esos “representantes de los consumidores” para corroborar que las empresas lo están haciendo todo con una empatía social que ya quisiera la vicepresidenta Ribera para las eléctricas.

Pero es importante quienes participan en ese Observatorio en nombre de los consumidores. Son, por un lado, Hispacoop, una confederación de cooperativas de la que forman parte cadenas de distribución como Eroski o Consum.

Y por otro, una asociación de “consumidores y amas de casa” llamada UNAE. Sus menos de 300 seguidores en Twitter dejan claro por qué no te suena de nada. Si echamos un vistazo a su página web, la última acción que consideraron merecedora de difusión pública data de junio de 2021. Y la trayectoria de UNAE en materia de estudios relacionados con la distribución alimentaria y los consumidores consiste básicamente en uno que realiza periódicamente junto a otras poco conocidas organizaciones de consumidores en colaboración con… (redoble de tambores) Mercadona.

 

Publicado originalmente en El Plural.