“La efectividad de esta medida se verificará mediante un sistema de seguimiento de la evolución de los precios, independientemente de las actuaciones que corresponda realizar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en el ámbito de sus competencias”. Así finaliza el artículo del real decreto-ley publicado en el BOE el pasado 28 de diciembre que establece la rebaja del IVA en una serie de alimentos básicos durante cuatro meses, prorrogables hasta final de junio en función de la evolución del IPC.
Pero, ¿quién está llevando a cabo ese “sistema de seguimiento de la evolución de los precios”?
“Vamos a crear un Observatorio de Precios que nos permita controlar que esas bajadas del IVA se repercutan directamente en los consumidores”, aseguró el pasado 28 de diciembre en el canal 24 Horas de RTVE la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. 12 días después, el 9 de enero, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación vino a desmentir a la titular de Comercio al anunciar que el seguimiento de los precios lo llevará a cabo su Observatorio de la Cadena Alimentaria, que entre otras funciones viene dedicándose a controlarlos en origen.
Hasta el día de hoy, no ha trascendido ningún dato sobre el número de establecimientos sobre los que realizará sus controles ese Observatorio, la periodicidad de los mismos y si los realizará visitándolos o limitándose a pedirle los datos a las propias empresas. Como tampoco se sabe si ya los llevó a cabo antes de la entrada en vigor de la bajada del IVA,
El Observatorio de la Cadena Alimentaria es a la vez un foro en el que están representados, junto al Ministerio, las administraciones autonómicas y locales, la empresa pública Mercasa, los sectores de la producción, transformación y distribución de los alimentos y los consumidores. Aunque lo cierto es que lleva ya un año sin reunirse. Eso sí, el ministro Luis Planas ha dicho este lunes que lo convocará en breve.
Por cierto, quienes participan como “representantes de los consumidores” en el Observatorio son Hispacoop, una confederación de cooperativas de la que forman parte cadenas de establecimientos como Eroski o Consum, y UNAE, una organización de “consumidores y amas de casa” de cuyas acciones apenas trascienden noticias en los medios de comunicación —la última publicada en su blog data de junio de 2021—, salvo algún estudio realizado en colaboración con Mercadona.
Por su parte, el Ministerio de Consumo ha rechazado la petición de FACUA de que convoque a los consejeros autonómicos del ramo para impulsar actuaciones de inspección coordinadas con el argumento de que las competencias en este asunto las tiene exclusivamente el Ministerio de Agricultura. Competencias que, en realidad, no están atribuidas a ningún organismo concreto en el real decreto-ley que establece la bajada del IVA y la puesta en marcha de un sistema de seguimiento de su cumplimiento.
Es más, aunque el organismo responsable de realizar los controles estuviera definido en la norma, cualquier administración que constate la existencia de irregularidades está legitimada para recabar los datos y las pruebas para trasladárselos a quien tenga las competencias para abrir el correspondiente sancionador. Como también está legitimada cualquier organización dedicada a la defensa de los consumidores.
De hecho, hasta la fecha solo han trascendido dos seguimientos de precios llevados a cabo para evaluar la posible existencia de irregularidades. El que viene realizando FACUA desde que el presidente Sánchez anunció la rebaja fiscal y otro desarrollado por la Dirección General de Consumo del gobierno balear.
La bajada del IVA, por cierto, debe repercutirse íntegramente a los precios de huevos, legumbres, quesos, leches, pan común, harinas panificables, frutas, verduras, hortalizas, turbérculos y cereales que tengan la condición de productos naturales, que pasan de tener un gravamen del 4 al 0%, y a las pastas y los aceites de oliva y semillas, que lo reducen del 10 al 5%.
Tras sus investigaciones, FACUA ha denunciado ya a siete grandes cadenas ante la CNMC por no repercutir la bajada del IVA a más de 50 productos. La que ha sido pillada en más irregularidades han sido Dia, con 13 precios incorrectos, y Carrefour, con 12.
Después de que la asociación diera a conocer sus primeras denuncias la semana pasada, esas y otras cadenas procedieron a corregir la práctica totalidad de anomalías que aparecían en su informe. Curiosamente, no ocurrió lo mismo con otros precios a los que tampoco habían trasladado la rebaja fiscal pero no habían sido señalados públicamente. Ayer jueves, FACUA dio a conocer más precios incorrectos, por lo que previsiblemente buena parte de ellos también serán corregidos ahora. Acción, reacción.
¿Qué número de precios irregulares en un establecimiento serán necesarios para que la CNMC determine que los hechos son merecedores de sanción? ¿Es más, qué número de días sin repercutir la bajada del IVA a esos precios? ¿Se librarán de las multas si aseguran que los aplicaron por error y que los corrigieron en cuanto fueron advertidos de ello?
Si cualquier ciudadano conduce a 140 kilometros por hora y lo pilla un radar, no se libra de la multa por mucho que argumente que iba solo en la carretera, que lo hizo sin darse cuenta, que únicamente cometió la infracción una vez en todo el trayecto, que esta solo duró unos pocos segundos y que dejó de cometerla en cuanto le hicieron la foto. Lo más que puede conseguir es una minoración de la cuantía de la multa si reconoce los hechos y paga de inmediato. ¿Habrá un trato distinto para grandes cadenas que han cometido irregularidades no en un comercio, sino en cientos de ellos?
De momento, Competencia sigue sin reaccionar públicamente a las denuncias.
Publicado originalmente en El Plural.
