21 de diciembre de 1995. El Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad la Ley de Ordenación del Comercio Minorista cuando se acerca el final de la última legislatura con Felipe González como presidente del Gobierno.
Su artículo 13, sobre la “libertad de precios”, plantea que, en determinados casos, el Gobierno, “previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa”.
La norma faculta al Ejecutivo para la intervención de precios o márgenes en “productos de primera necesidad” o “materias primas estratégicas” y también cuando en un sector determinado “se aprecie ausencia de competencia efectiva”, entre otros supuestos.
En los 27 años que han transcurrido desde la aprobación de la ley, ha sido objeto de modificaciones en 17 ocasiones. Tres durante los gobiernos de José María Aznar, seis en los de José Luis Rodríguez Zapatero, cinco en los de Mariano Rajoy y tres en los de Pedro Sánchez. En ninguna de ellas se ha tocado ni una sola coma del artículo 13. Ni el PSOE ni el PP han cuestionado nunca la potestad del Ejecutivo para intervenir en los precios o los márgenes de comercialización de ciertos productos cuando existan circunstancias que lo justifiquen.
Ahora, cuando España ha alcanzado niveles de inflación nunca vistos en casi cuatro décadas, la brutal subida que están experimentando numerosos productos requiere la intervención del Gobierno en los casos en que dicho incremento es consecuencia de un aumento de los márgenes de beneficio.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha sugerido públicamente la fijación de precios máximos en productos de primera necesidad si las grandes empresas de distribución comercial no dan marcha atrás en la escalada.
Pero mientras la reacción de los empresarios ha sido tan mezquina que han llegado al extremo de asegurar que tienen márgenes muy ajustados y que ya hicieron sacrificios durante el confinamiento —cuando en realidad en esos meses empezaron a subir los precios—, los ministros del PSOE no solo no han sumado sus voces a la de Díaz para lanzar avisos al mercado, sino que han llegado a cuestionar la legalidad de poner topes a los precios. O mienten o desconocen la ley.
Tras asegurar que fijar precios máximos no es “legal”, “deseable” ni “pertinente”, el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, ha aseverado que “el Gobierno no topará el precio de los alimentos”. Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado que está “alineada” con Planas con el argumento de que “en un mercado donde hay competencia no es necesario intervenir”. “Estamos en las soluciones realistas”, “la competencia es enorme y donde hay competencia el Gobierno no tiene que intervenir”, ha dicho la ministra.
Si Pedro Sánchez no asume que la única forma de proteger a los consumidores de esta inflación desbocada es aplicar la ley e intervenir los precios de los productos de primera necesidad donde más se están inflando los márgenes de beneficio, estará poniéndose del lado de quienes están empobreciendo a las familias españolas. Del lado de esos grandes empresarios que están esquilmando como nunca nuestros salarios para enriquecerse aún más, sin importarles lo más mínimo las graves consecuencias que están teniendo para la calidad de vida de un alto porcentaje de ciudadanos sus descontroladas ansias de dinero.
Publicado originalmente en El Plural.
