El cúmulo de irregularidades que, un verano más, se están produciendo en conciertos y festivales celebrados —o cancelados— en toda España debe llevar de una vez a las administraciones competentes a emprender actuaciones para atajar prácticas con las que las empresas organizadoras inflan ilegalmente sus beneficios a sabiendas de que las multas son improbables o irrisorias.
Las autoridades autonómicas y municipales en materia de espectáculos públicos y protección de los consumidores tienen la responsabilidad de velar no solo por la seguridad de los espectadores garantizando que estos eventos cuenten con las debidas limitaciones en los aforos y sus instalaciones en regla. También han de comprobar que no se producen en ellos prácticas fraudulentas que causan perjuicios económicos a los usuarios.
La lista de abusos es enorme y también la de eventos que suman varios de ellos. El más frecuente, la prohibición de entrar en los recintos con comida o bebida. El público ve cómo a la entrada del recinto les hacen desprenderse de los bocatas y las botellas de agua o refrescos que llevan encima, con el único fin de que se vean obligados a adquirirlos en el interior multiplicando hasta por 10 lo que les habían costado. Los 25 céntimos que cuesta una botellita de agua en un súper pueden convertirse allí dentro en 2,50 euros —por cierto, desde hace unos meses la ley obliga a dar agua del grifo gratis a los clientes, así que si compras algo de comer o cualquier bebida, es ilegal que te la nieguen—.
Hasta ahora solo han trascendido dos sanciones por este tipo de prácticas. Las dos como consecuencia de denuncias presentadas por FACUA, que acumula ya más de una veintena este verano. El Ayuntamiento de Sevilla ha sancionado —con unos ridículos 12.000 euros— a los organizadores del concierto de Red Hot Chili Peppers que tuvo lugar el pasado junio y a los del Festival Interestelar, celebrado en julio.
Teniendo en cuenta que a Interestelar acudieron más de 40.000 personas, no hay que romperse mucho la cabeza haciendo cálculos para tener claro que los 12.000 euros de multa están extraordinariamente por debajo del dinero que se embolsaron los organizadores a costa de obligar a la gente a comprar dentro del recinto lo que quisieran comer o beber allí.
Desde hace unos años, en estos eventos también se hace caja obligando a la gente a pagar la comida, bebida o los productos de merchandising con pulseras cashless que tienen que adquirir previamente. Más allá de la ilegalidad de no admitir pagos en efectivo, el negocio está en la cantidad de personas que se olvida de solicitar la devolución del dinero que acaba sobrando en las pulseritas. Algo a lo que algunos contribuyen poniendo, también ilegalmente, un límite de unos pocos días para reclamarlo. Y a eso se suma otra práctica contraria a la legislación: cobrar una comisión por la devolución del dinero, que a veces puede incluso superar lo que quedaba en la pulsera de marras.
No se vayan todavía que aún hay más. La lista de abusos sigue engordando con empresas que también limitan el plazo para devolver el dinero de eventos cancelados aunque no exista una ley que les ampare, olvidando que el Código Civil establece 5 años para reclamarlo. El mismo plazo que para exigir indemnizaciones por los perjuicios causados con esas cancelaciones, como los gastos en transporte, alojamiento o comida, por haberse comunicado la anulación del evento cuando ya habían llegado a la ciudad donde se celebraba o porque no podía recuperarse el dinero abonado para el desplazamiento o el hotel por mucha anticipación con la que se produjese el aviso.
¿Abren expedientes sancionadores las autoridades de consumo cuando los usuarios denuncian que estas empresas se niegan a devolverles su dinero o a indemnizarles? Desde luego, si hay multas, no trascienden públicamente. Así nos va. Y así de bien les va a los que se enriquecen con estos abusos.
Publicado originalmente en El Plural.
