La factura eléctrica del usuario medio con la tarifa semirregulada PVPC ha subido en 2021 más de un 20% con respecto al último año que gobernó Mariano Rajoy, 2018, con lo que Pedro Sánchez ha incumplido su compromiso de igualar lo que pagamos entonces una vez descontado el IPC.
En una entrevista publicada el pasado 5 de septiembre en El País, el presidente del Gobierno anunció el «compromiso» de que «todos los ciudadanos con un consumo medio al final de 2021 paguen una cuantía semejante y similar a la que pagaron en 2018, lógicamente con el IPC descontado». Sánchez repitió el mismo anuncio cuando presentó las medidas concretas que llevaría a cabo para lograrla, incluidas en un Real Decreto-ley aprobado el 14 de septiembre. Después, ha continuado repitiéndolo una y otra vez, como también lo ha hecho la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
En cualquier caso, el objetivo en igualar –«con el IPC descontado»– la factura de 2018 también era un juego de trilerismo. ¿Acaso alguien recuerda cuánto pagó hace tres años por los recibos de la luz? El compromiso podía hacer creer a muchos que ese fue un buen año. Pero justo en enero de 2018, Sánchez pidió explicaciones y medidas regulatorias Rajoy debido a la gran subida que habían experimentado en el trimestre anterior las facturas de la luz, que siguieron encareciéndose durante los meses posteriores.
De hecho, 2018 acabó como el segundo año más caro de la historia -ahora es el tercero-, sólo por detrás de 2012. «En la última década no se había registrado un precio tan alto de la electricidad en España. El recibo ha pasado de 46 euros a 88, casi el doble. ¿Qué tiene que decir el Gobierno?», preguntaba el entonces líder de la oposición en un tuit enero de 2018. «La subida de la luz del 8% prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy, y alerta del riesgo de más gente sufriendo pobreza energética», había dicho Sánchez en agosto de 2014.
Si comparamos la factura del usuario medio en todo 2021 -1.118 euros con los datos publicados hasta el 30 de diciembre- con la de 2020 -764 euros-, la subida interanual ha sido del 46%. En 2018 fueron, por cierto, 926 euros.
Plegado de nuevo al oligopolio
Pero medidas llevadas a cabo por el Gobierno de coalición no sólo han sido insuficientes para frenar al nivel prometido la mayor subida eléctrica de la historia. También han puesto de manifiesto cómo quienes toman las decisiones se plegaban ante las grandes eléctricas, ya que sus márgenes de beneficios se han tocado bien poco, muchísimo menos de lo que se nos aseguró.
Con las bajadas coyunturales en los impuestos que se repercuten en la factura -el IVA al 10% en junio y el especial sobre la electricidad al 0,5% en septiembre-, el Estado ha dejado de ingresar cifras millonarias, sin que para compensarlo se hayan aprobado subidas impositivas para las rentas más altas y las empresas con mayores beneficios.
Pero además, el anunciado recorte en los injustificados beneficios caídos del cielo de las eléctricas, que este año además han aumentado sobremanera, no ha representado la cifra de miles de millones que ocupó numerosos titulares en prensa, radio y televisión. Son beneficios fruto de un sistema de fijación de precios basado en una subasta diaria donde se fomenta la especulación, al pagarse toda la energía al precio de la última que entra en la puja, la más cara.
La hidráulica ha inflado los precios
Con una coyuntura en la que el elevado precio del gas en los mercados internacionales ha elevado como nunca los precios de la producción de las centrales de ciclo combinado -las que queman gas-, las hidráulicas han recurrido al denominado coste de oportunidad para inflar las tarifas. Así, cada vez que el gas no era necesario para cubrir la demanda, las centrales hidráulicas pujaban al precio que lo habría hecho aquél si hubiera entrado en la subasta.
Resulta evidente que para acabar por completo con esta fórmula tramposa e injusta tendría que producirse un cambio radical en la normativa comunitaria, algo que en estos momentos se rechaza de lleno desde la Comisión Europea. Sin embargo, los Estados miembros también tienen márgenes para introducir cambios en el funcionamiento de las subastas y las energías que participan en ellas -en Francia, por ejemplo, donde la nuclear es determinante, buena parte de ella tiene un precio fijado por el Gobierno-.
Además, la directiva europea del sector permite que cada Estado proteja a los consumidores que considere vulnerables mediante la intervención de las tarifas. Algo que en España se hace mediante un bono social al que sólo pueden acceder familias con un nivel adquisitivo desproporcionadamente bajo y, de forma contradictoria, cualquier familia numerosa, por muy elevados que sean sus ingresos.
Medidas que no se adoptan
Desde FACUA llevamos meses reclamando al Gobierno que tome medidas para recortar los grandísimos márgenes de beneficio de las eléctricas catalogando como consumidores vulnerables a la práctica totalidad de las familias, a excepción de las rentas más altas, e imponiendo descuentos de al menos el 50% de la factura durante un mínimo de seis meses. Medidas que podrían adoptarse para aquellas que tengan contratada la tarifa semirregulada PVPC.
Lamentablemente, no hemos recibido respuesta a nuestras reiteradas reivindicaciones. El presidente Sánchez y la vicepresidenta Ribera han optado por asegurar que sí han cumplido su compromiso, sin explicar cuál es la metodología de cálculo que lo demuestra. Mientras, en el oligopolio energético se siguen frotando las manos a la espera de conocer sus beneficios de 2021 y los que lograrán en el nuevo año.
Publicado originalmente en FACUA.org/consumerismo
