La pasividad del Gobierno de coalición ante lo que está ocurriendo con las tarifas eléctricas es tan lamentable como decepcionante para los consumidores en general y, especialmente, para el electorado del PSOE y Unidas Podemos.
El acuerdo programático suscrito entre los socios de Gobierno a finales de 2019 incluía medidas en materia de política energética orientadas a reducir la factura eléctrica. Alguno se ha cumplido, como la eliminación de los conocidos como beneficios caídos del cielo, unos 1.000 millones de sobre retribución que iban a recibir fundamentalmente Endesa e Iberdrola en cinco años por no emitir CO2 en sus centrales hidráulicas y nucleares. Pero, ¿qué hay del resto de promesas?
Entre los compromisos de PSOE y Unidas Podemos estaba una disminución de la carga que representa en la factura la parte fija, la potencia contratada. Pero la bajada del precio del kilovatio (kW) que ha entrado en vigor con el nuevo sistema de tarifas por tramos horarios ha representado menos del 16%. Y sí, ahora tiene menos peso en la factura, pero como consecuencia de la subida del precio de la parte variable de la factura, el kilovatio hora (kWh) de energía consumida, que ha provocado tanto el nuevo modelo como, sobre todo, la ausencia de mecanismos para evitar que las eléctricas estén inflando sus tarifas en los últimos meses. Durante la etapa de Mariano Rajoy en el Gobierno, el PP decidió subir un 103% el precio de la potencia contratada. Así que la reciente bajada es no sólo poco significativa, sino una auténtica tomadura de pelo si nos atenemos al documento programático del Gobierno de coalición.
Otra promesa de los actuales socios de Gobierno era disminuir el precio de los primeros kWh de energía consumida en cada factura. No definían cuántos kWh serían ni cuál sería la disminución, pero en cualquier caso, nadie en el Ejecutivo ha vuelto a hablar del tema. Nada se sabe de cuándo y cómo llevarán a cabo la medida, si es que siguen con la idea de aprobarla.
“Aprobaremos una reforma profunda del bono social eléctrico”, decía también el “Acuerdo de coalición progresista”. Lamentablemente, la reforma tarda en llegar y es una incógnita si será realmente “profunda” o se reducirá a meros retoques sobre los modelos de bono social vigentes durante los gobiernos de Zapatero, Rajoy y el primero en solitario de Sánchez.
Desde FACUA venimos reclamando al Gobierno que la reforma del bono social implique un descuento de al menos el 50% de la factura -abarcando muchos más kWh de los que recoge el actual modelo de bono- y que a él puedan acogerse las familias cuyos ingresos no superen 2 salarios mínimos, que se elevarían hasta 3 en función del número de hijos, discapacitados, dependientes o mayores de 65 años.
También pedimos una reforma del sistema de fijación de precios en el mercado mayorista, de manera que determinadas tecnologías de generación eléctrica salgan de la subasta diaria y se sometan a un sistema de precios máximos fijados por el Gobierno.
Para contribuir a reducir la factura eléctrica también es esencial la recuperación para el Estado de las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen para integrarlas en una empresa pública de energía, de manera que con ella puedan fijarse precios justos que contribuyan a reducir la factura de la luz. Esta medida la viene reclamando Unidas Podemos. Es, junto a la bajada del IVA, la única en los últimos tiempos que el socio de Gobierno ha exigido públicamente al PSOE.
Entre los cambios en la regulación del sector y las medidas para la protección de los consumidores que reclamamos en FACUA también está la prohibición de cortes de suministro por razones económicas a los consumidores vulnerables. Las eléctricas deberían tener la obligación de dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. De manera que si sufren vulnerabilidad económica, no puedan cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías.
Asimismo, hace falta una auditoría al sistema eléctrico. Un análisis de los costes del sistema desde la puesta en marcha de la liberalización del sector para determinar si las eléctricas inflaron los precios y, con ellos, el déficit de tarifa que llevamos años devolviéndoles. Y por supuesto, el reembolso de los miles de millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
Y por supuesto, hay que controlar y tomar medidas frente al fraude. El Gobierno y las comunidades autónomas deben poner en marcha de una vez mecanismos de control coordinados para detectar, multar y alertar públicamente de las ofertas engañosas lanzadas por las eléctricas en el mercado libre o de otras prácticas ilícitas que estén cometiendo contra los consumidores.
Publicado originalmente en El HuffPost
