No tengo nada que ocultar: así fue mi relación con UGT-Andalucía

La Guardia Civil ha realizado un extenso atestado sobre su investigación en torno a las irregularidades de UGT-Andalucía en la utilización y justificación de subvenciones públicas. Como no podía ser de otra manera, en dicho informe aparece mi nombre, dado que durante años el sindicato fue cliente de mi antigua agencia de comunicación, Concepto 19.

Como expliqué en septiembre de 2013, cuando el diario El Mundo comenzó a publicar las informaciones que dieron origen a la intervención judicial, durante mi actividad como proveedor del sindicato desconocía si éste hacía un uso irregular de las facturas que le emitía por los servicios que le prestaba.

Este sábado 7 de febrero, ABC de Sevilla publica una información con los siguientes título, subtítulo y destacado: «La Guardia Civil determina la connivencia de Rubén Sánchez», «El informe muestra que el pago del rápel era habitual entre su empresa y la UGT», «En el sumario aparecen varios correos entre el responsable de FACUA y los investigados de la UGT».

Efectivamente, tal y como confirmé en su día, mi agencia aplicaba periódicamente descuentos sobre el conjunto de los trabajos que facturaba a UGT-Andalucía. Esta práctica, denominada rápel, no sólo es habitual en el mundo empresarial para mantener o aumentar los servicios prestados a determinados clientes, sino absolutamente legal.

Asimismo, resulta incorrecto equiparar un rápel a una comisión. Un proveedor puede abonar una comisión a un tercero -por ejemplo por lograrle un cliente-, pero a sus propios clientes les aplica, si lo considera oportuno, un descuento sobre un determinado trabajo o por el volumen de trabajos realizados a lo largo de un periodo.

Los citados descuentos fueron aplicados por mi parte mediante facturas de bonificación que emitía a UGT-Andalucía trimestralmente -si en el periodo en cuestión les había realizado trabajos-. Obviamente, crucé correos electrónicos con trabajadores del sindicato, los habituales en una relación proveedor-cliente, para el envío de presupuestos, confirmación de elaboración de trabajos, aclaración de los conceptos que debían aparecer en las facturas, fechas de pago…

Por supuesto, tanto las facturas por los trabajos realizados como las relativas al rápel eran periódicamente declaradas a Hacienda, tanto en mis declaraciones de IVA como en la del IRPF, ya que desarrollaba mi actividad profesional como autónomo.

¿Qué hacía UGT-Andalucía con las cantidades provenientes de los descuentos cuando una parte o su totalidad provenían de facturas por actividades subvencionadas con dinero público? Como dije públicamente hace dos años, debió devolverlas y si no lo hizo, es su responsabilidad. Pero se trata de una información a la que yo no tenía acceso, ya que no era más que un proveedor externo.

¿Falseó UGT-Andalucía los conceptos de determinados trabajos facturados por mí para aparentar que se correspondían con actividades subvencionadas? Es algo que desconozco. Cuando el sindicato me indicaba que incluyese en las facturas conceptos como «Materiales del VII Acuerdo de Concertación Social», nada me inducía a sospechar que hubiera algo incorrecto, como tampoco cuando me pedía que emitiese una factura antes de entregar el trabajo. Una práctica igualmente habitual, y en absoluto irregular, en las relaciones entre proveedores y clientes.

Sé que mi actividad pública me convierte en un personaje incómodo para muchos y me sitúa en el ojo del huracán. Que hay medios de comunicación que me tienen en el punto de mira. Y que tengo cada vez más enemigos. Hay mucha gente interesada en hacer creer que todos los movimientos ciudadanos y partidos políticos están llenos de corruptos. Que todos somos iguales. Que todos entregamos o recibimos sobres con dinero negro, defraudamos a Hacienda, utilizamos indebidamente el dinero público o tenemos cuentas en Suiza.

Desde hace años, vengo siendo objeto de una sistemática campaña de difamación por parte de históricos dirigentes de la ultraderecha, que hoy están al frente de Ausbanc y Manos Limpias, que han sacado de su imaginación todo tipo de argumentos para llevarme a los tribunales, han difundido bulos sobre mí, acosan e insultan a mi familia y han llegado a llenar las calles de varias ciudades con carteles con mi cara para hacer creer que soy un delincuente. Les he comenzado a contestar en los tribunales y ya he logrado una primera sentencia por difamación.

Asumo que los ataques no van a parar. Y que las informaciones que trasciendan en el futuro sobre el caso de las facturas de UGT-Andalucía pueden prestarse a tergiversaciones que alimenten las infamias. No tengo ningún miedo, no tengo nada que ocultar y no voy a dar ningún paso atrás. Sería una cobardía y una falta de respeto a las personas que confían en mí.

 

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