Tiendas que nos derivan al fabricante cuando el producto que les compramos se avería, comerciantes que nos piden dinero para pagar los costes del envío al taller de reparaciones… Si compras un cacharrito y se escacharra solo durante los dos años de garantía, que no te mareen: es el establecimiento el que tiene que asumirlo todo.
A continuación, los fraudes 54 y 55 de mi libro DEFIÉNDETE de #101fraudes.
Cuando Alberto Álvarez regresó a Media Markt con su impresora HP averiada, se lo quitaron de encima diciéndole que contactara con el fabricante a través de su línea 902. Llamó, y tras cinco largos (y caros) minutos de espera, comenzaron a preguntarle si se había atascado algún folio o si los cartuchos estaban mal colocados; así que decidió colgar: la broma telefónica ya iba por los 8 euros, la quinta parte de lo que le había costado la máquina. Volvió al establecimiento, donde le insistieron en que hablara directamente con HP porque, de lo contrario, podían tardar un mes en enviarla a reparar (supongo que le piden a David Meca que se ate las impresoras a la espalda y las lleve a nado a la sede de Hewlett-Packard en California). Pero ni por esas lograron volver a deshacerse de Alberto, que no quería seguir perdiendo dinero con el problema, así que la dejó en la tienda. Al final, en diez días le entregaron una nueva.
La ley dice que, durante los dos años de garantía, es el vendedor quien tiene que responder ante el consumidor de los fallos de fabricación del producto. Defectos que pueden provocar que algo no funcione bien desde el principio o que se le manifiesten averías pasado un tiempo.
Al preguntar en Twitter por casos de fraudes relacionados con productos averiados, @srbruns me cuenta dos muy habituales que sufrió a la vez en sus carnes. Compró un discman cuya marca no acierta a recordar (fue en el Pleistoceno aproximadamente) y el lector de CD tenía un defecto de fabricación. Lo llevó tres veces a la tienda y las tres se lo devolvieron con la misma avería. Para colmo, le advirtieron de que, si seguía pidiéndoles que lo repararan, tendría que pagarles por enviar el reproductor al servicio técnico.
Cuanto más lejos esté el taller que se dedica a reparar los productos en garantía, más costará enviárselos. Pero que nos exijan a nosotros pagar el porte sería tan legal como que nos pidieran asumir el coste de la mano de obra, de las piezas que haya que sustituir o del uniforme que lleva puesto el dependiente que nos lo recoge en la tienda.
A los consumidores no nos debe afectar que el vendedor carezca de su propio servicio de reparaciones y dependa del fabricante. Como tampoco que éste no quiera gastar dinero en tener o contratar los servicios de talleres en nuestra ciudad, provincia, país o continente.
Da igual que haya que mandar el equipo a Cuenca o a China: por mucho que argumenten que el porte tiene un coste, si la tienda tiene que adelantarlo, antes o después la marca se lo acabará abonando. Igualmente, si compramos el artículo por Internet o por teléfono, el comercio tiene que asumir la recogida.
Así que si nos piden dinero por el envío, lo que pretenden es quitarse de encima un cliente que consideran molesto (sin pensar que pueden perdernos para siempre) o cobrar dos veces por lo mismo y hacer negocio con la avería.