¿Y si te multasen con 5 céntimos por conducir borracho? Pues así son las sanciones a las empresas por los fraudes masivos a los consumidores. Cuanto más graves y masivos son, más ridículas resultan las multas. Y eso si es que se aplican.
La dejación de funciones por parte de las administraciones (in)competentes está a la orden del día. Las comunidades autónomas tienen la potestad para aplicar la legislación de consumo, que plantea la aplicación de multas proporcionales a las dimensiones de las irregularidades. Pero legislatura tras legislatura y gobierne quien gobierne, parece que todos los responsables de la protección de los consumidores viven en la inopia.
A continuación, el fraude número 93 de mi libro DEFIÉNDETE de #101fraudes: el de los gobiernos ciegos.
Veamos cómo han actuado los organismos autonómicos responsables de la protección al consumidor ante tres de los mayores fraudes ocurridos en España: el redondeo en telefonía, la cláusula suelo en las hipotecas y el timo de los sellos de Fórum y Afinsa.
El redondeo en telefonía
Las compañías de móvil engordaron sus ingresos en alrededor de 10.000 millones de euros mediante el fraude del redondeo al alza desde finales de los años 90 hasta marzo de 2007, cuando tras una intensa campaña de denuncias de FACUA que duró casi cuatro años, comenzaron a facturar las llamadas íntegramente por segundos.
El redondeo sólo lo multó la Comunidad de Madrid: 5,3 ridículos millones de euros a las tres grandes operadoras, que cada día ingresaban más de 3 millones extra aplicando este cobro abusivo. El resto de comunidades miraron hacia otro lado ante irregularidades perpetradas durante más de una década. Y ante la subida paralela que llevaron a cabo las compañías cuando se vieron obligadas a dejar de redondear, la Comisión Nacional de la Competencia emitió un informe constatando su ilegalidad pero al final se desdijo, y no hubo multa.
La cláusula suelo
La cláusula suelo de las hipotecas, el mayor fraude financiero que se ha producido en España (junto al incremento artificial del precio de la vivienda que supuso la burbuja inmobiliaria), ha reportado a la banca muchos miles de millones de euros.
A finales de 2013, sólo la Junta de Andalucía había anunciado posibles sanciones por esta cláusula trampa después de que FACUA denunciara a veinte entidades (aunque en la consejería del vicepresidente Diego Valderas dicen que a ellos ya se les había ocurrido antes). La cifra, espectacular: un máximo de 400.000 euros por banco si considera que la infracción es muy grave, según anunció la secretaria general de Consumo andaluza, Dolores Muñoz Carrasco. Un espectáculo bochornoso. Y en los últimos meses, Asturias ha anunciado multas que pueden llegar a alcanzar (redoble de tambores) ¡18.000 euros!
Fórum y Afinsa
En cuanto al caso Fórum Filatélico y Afinsa, las autoridades de consumo no hicieron absolutamente nada para evitar el fraude, que acabó siendo desmantelado por orden de los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y Santiago Pedraz. En la Comunidad de Madrid, donde ambas empresas tenían sus sedes, la Dirección General de Consumo “nunca requirió a las compañías para que dejaran de utilizar términos financieros, algo prohibido por la ley, y tampoco les exigió nunca que enviaran las auditorías, algo preceptivo en la norma”, denunciaba el diario El Economista en mayo de 2007. Hasta noviembre de 2003, la directora general había sido María Teresa Cuadrado, que nunca movió un dedo para acabar con las irregularidades de las filatélicas mientras ambas inyectaban generosas sumas de dinero a la empresa de su marido.
El esposo de Cuadrado es Luis Pineda Salido, presidente de Ausbanc. Se trata de un negocio financiado por la banca que se presenta como asociación de defensa de los consumidores y que entre 2002 y 2006 ingresó en concepto de publicidad y patrocinios 2,45 millones de euros procedentes de la Asociación para la Inversión Filatélica (Aseci), controlada por Fórum y Afinsa.
La Audiencia Nacional acabó expulsando a Ausbanc de la acusación popular en las causas penales abiertas a Fórum y Afinsa. Pineda se dedicaba a defender públicamente a los empresarios filatélicos que le habían hecho ganar tanto dinero. Garzón y Pedraz lo largaron por fraude procesal.
Hoy, los afectados siguen esperando a recuperar un ápice del dinero que invirtieron en un negocio de inversión fraudulento que ninguna administración quiso o fue capaz de controlar.
La cuestión es. ¿Qué intereses pretenden defender los políticos que nos gobiernan cuando responden (si es que lo hacen) a fraudes multimillonarios con multas tan ridículas?
