Hombreras, pantalones de campana, falsificaciones de contratos… Las peores modas siempre vuelven. Comenzaron a comienzos de la década pasada en telefonía; hoy, en luz y gas. A continuación, el fraude número 1 de mi libro, DEFIÉNDETE de #101fraudes: el del contrato que firmamos con la mano de otro.
1. El del contrato que firmamos con la mano de otro
En enero de 2012, el periodista y actor Antonio de la Torre, ganador del Goya por AzulOscuroCasiNegro, recibió en su casa la visita de un comercial de Galp Energía, que le ofreció abandonar a su compañía de gas y electricidad para irse con ellos y beneficiarse de tarifas más bajas. Pero como es un tio fiel y además no se fía de desconocidos, rechazó la tentadora oferta. Poco después, recibió una factura de Galp: le habían secuestrado la luz, el gas y, ya de paso, le dieron de alta en un servicio de mantenimiento y reparaciones.
El problema (para la compañía) es que Antonio es socio de FACUA. En la reclamación que presentamos en su nombre se argumentaba que no había solicitado los servicios de la compañía y, ni mucho menos, firmado ningún documento. La empresa, que le siguió pasando recibos, aportó en su respuesta una copia de un contrato con una firma que no era la de Antonio. Como el comercial no pudo acceder a sus datos bancarios, indicó que realizaría el pago por ventanilla. Y la compañía dio el contrato por bueno pese a que, en todos los lugares donde supuestamente aparecía la firma del cliente, los garabatos estaban acompañados de las iniciales P.O. (que significan firmado por orden). Galp acabó anulando todos los recibos y Antonio llevó a la compañía a los tribunales.
Otro caso parecido es el de Carlos, que en septiembre de 2012 recibió una factura de Movistar correspondiente a un número de móvil desconocido para él. Tras comunicárselo a la compañía y pedirle que anulara el cargo y la línea, le llegó un segundo recibo, éste de 589,74 euros, como penalización por haber incumplido un contrato que nunca firmó aparejado a un iPhone que jamás le entregaron. Como se negó a pagar, la compañía decidió no incluirlo en un registro de morosos, sino en dos: Asnef y Badexcug.
Pero lo mejor llegó cuando Carlos reclamó a Movistar, a través de FACUA, que le demostrase la existencia del documento donde daba de alta la línea y le hacía entrega del móvil. «Adjuntamos contrato para su comprobación», contestó el director de Servicios Comerciales de Movistar, no se sabe si en pleno uso de sus facultades psíquicas. Lo que adjuntaba era, efectivamente, un contrato, pero en blanco. En él no aparecían ni los datos personales del usuario ni el número de teléfono dado de alta. Eso sí, incluía una firma que ni siquiera está manuscrita, sino manipulada digitalmente e insertada en cuatro apartados del documento. FACUA puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla, que interpuso una denuncia ante el Juzgado Decano “por considerar que los hechos constituyen un delito de falsedad en documento mercantil».
En los últimos tiempos ha vuelto con fuerza la moda de los contratos que, de repente, aparecen a nuestro nombre pero están firmados con la mano de otro. A los ya tradicionales fraudes en las altas de nuevas líneas de telecomunicaciones o en los cambios de compañía (al inicio de la liberalización del sector se produjeron de forma masiva) se están sumando estas prácticas en la electricidad y en el gas. Mientras aumentan de forma alarmante, las autoridades parece que no acaban de enterarse. El cambio de compañía no solicitado por el usuario es una práctica que en el mundo anglosajón se conoce como slamming.
No debemos olvidar que este tipo de altas fraudulentas no son sólo denunciables ante las autoridades de consumo y protección de datos para que multen a sus responsables, sino que pueden resultar delictivas. Por ello, más allá de valorar si interponemos una demanda para reclamar una indemnización en el caso de que nos incluyan en un registro de morosos, es conveniente que pongamos la suplantación de identidad y, en su caso, la manipulación de nuestra firma, en conocimiento de la fiscalía o el juzgado; de hecho, este delito también implica un daño moral por el que se puede exigir una compensación económica.
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— Яubén Sánchez (@RubenSanchezTW) abril 17, 2014
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Es miércoles 12 de noviembre de 2003. Han vuelto a amenazar a mi abuela María con dejar su casa sin línea de teléfono por no pagar las facturas. La compañía Auna le recuerda una vez más que, con el fin de que sus llamadas dejasen de realizarse a través de Telefónica, mi abuelo Esteban firmó con ellos un contrato de preasignación. En cuanto llegó el primer recibo de Auna, mi abuela les llamó por teléfono para explicarles que alguien en la empresa debía haber cometido un error. Pero ahora le han enviado una carta donde advierten de que además de cortar la línea, incluirán a mi abuelo en un registro de morosos si no abona los recibos pendientes. Dentro del sobre también hay una fotocopia de un contrato, firmado hace unos meses, a nombre de Esteban García Rodríguez. Mi abuelo falleció en el año 2000.
En septiembre de 2001, FACUA destapó que multitud de usuarios estaban siendo víctimas del secuestro de sus líneas por parte de Retevisión (que ahora en 2003 se denomina Auna) y, en menor medida, por alguna que otra nueva compañía. Mediante la manipulación de contratos e incluso con la inclusión de firmas falsas, dan de alta a clientes de Telefónica en el servicio de preasignación, mediante el que todas sus llamadas son facturadas directamente por el otro operador. Los afectados no sólo pagan a una compañía que no desean, con las consiguientes diferencias tarifarias, sino que incluso pueden estar abonando doblemente las mismas si tienen contratados determinados planes con Telefónica.
Este fraude masivo viene ocurriendo desde que en junio de 2001, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones decidió imponer a Telefónica que autorizase directamente la práctica totalidad de peticiones de preasignación que recibiese (algo parecido a las actuales portabilidades), sin pedir documentos que demostrasen la veracidad de los contratos.
Aunque durante 2003 en FACUA estamos logrando que numerosas víctimas vuelvan con su compañía sin pagar nada a los timadores o recuperando su dinero, el año pasado denunciamos este fraude masivo ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología y se desentendieron del asunto. El pasado febrero, el Servicio de Defensa de la Competencia dio carpetazo a una denuncia de Telefónica con la excusa de que es un tema que «no afecta al interés público» porque las víctimas no tardan más de dos meses en percatarse de la “supuesta estafa”. Por si fuera poco, dice que «al favorecer el acceso al mercado de otros operadores», se reduce el poder de la principal compañía, “quedando favorecida la competencia en el mercado».
En diciembre de 2003, el Tribunal de Defensa de la Competencia archivó definitivamente la denuncia de Telefónica con el argumento de que, aunque consideraba las irregularidades «deplorables desde el punto de visto humano», entendía que «no han producido perjuicio grave a la competencia» al no restarle a Telefónica una cuota de mercado considerable.
Espero que si dentro de unos años las compañías eléctricas copian el fraude, quien gobierne no actúe con la misma desfachatez.
