En los últimos días he interpuesto en los juzgados de Sevilla una demanda contra el abogado y empresario Luis Pineda por intromisión ilegítima en mi honor. A ésta se sumará otra en los próximos días contra Ausbanc, el negocio que dirige Pineda.
Desde hace años, Pineda viene realizando reiteradamente comentarios injuriosos contra mi persona y la organización de la que soy portavoz. Esta particular campaña de descrédito ya provocó una demanda de FACUA el pasado junio y se ha visto sustancialmente intensificada en los últimos meses.
Desde agosto, el presidente de Ausbanc ha utilizado de forma compulsiva su cuenta en la red social Twitter para lanzar cientos de comentarios contra mí, mediante insultos e incluso imputaciones delictivas basados en informaciones falsas inventadas por él mismo. Todo ello con el único objeto de minar mi reputación y la de FACUA.
Semana tras semana, Pineda ha empleado muchos días casi en exclusiva su cuenta de Twitter para injuriarme y calumniarme, llegando a dedicarme más de cincuenta tuits en menos de veinticuatro horas.
«Golfo», «imbécil», «corrupto», «vago», «sinvergüenza», «vividor», «caradura»… Son algunos de los calificativos que me ha lanzado el presidente de Ausbanc, que me ha acusado de desarrollar una actividad empresarial ilegal, incurrir en fraude fiscal e incluso robar, afirmando que acabaré «en la cárcel» para «expiar» mis culpas.
Además de lanzar sus insultos y acusaciones calumniosas para que los leyeran sus seguidores en Twitter, Pineda ha dirigido numerosos tuits a conocidos políticos, actores, periodistas, empresas, instituciones y medios de comunicación, seleccionados cuidadosamente para intentar minar mi fama y reputación.
El abogado que me representa en este litigio es David Bravo. En la demanda, ha pedido al juzgado que se declare la existencia de intromisión ilegítima en mi honor, se condene a Luis Pineda a eliminar de su perfil de Twitter los comentarios lesivos y a la publicación de la sentencia o la parte decidida en el fallo, además del pago de una indemnizacion de 30.000 euros y las costas del procedimiento judicial.