Las medidas aprobadas este 15 de noviembre por el Gobierno en el Consejo de Ministros demuestran no sólo su insensibilidad con el drama de los desahucios, sino una extrema torpeza. O quién sabe si un cinismo de lo más cruel.
«Si no puedes pagar la hipoteca, ten más hijos». Éste podría ser el lema de la campaña publicitaria para que el Gobierno de España diese a conocer su absurdo decreto antidesahucios.
A modo de ejemplo, una pareja con dos hijos mayores de 3 años y que ingrese sólo unos miserables 400 euros mensuales, se seguirá viendo abocada a acabar en la calle si no puede (obviamente no puede) pagar la hipoteca, salvo que se decida a tener un tercer hijo y convertirse en familia numerosa.
Pero más allá de la caricatura, está claro que ni siquiera los suicidios que han trascendido a la opinión pública han provocado que el Ejecutivo tenga la decencia de poner en marcha cambios legislativos a la altura de la tragedia social que atraviesa España, donde cientos de miles de familias han sido desahuciadas desde el comienzo de la crisis.
Tras la pantomima que supuso el Código de Buenas Prácticas Bancarias, el Gobierno de Mariano Rajoy ha vuelto a anunciar falsas soluciones al problema para no perjudicar los intereses del poder financiero.
El Real Decreto-Ley no deja lugar a dudas de por qué el Gobierno se ha negado a que las organizaciones de la sociedad civil que representan los intereses de los hipotecados tengan la más mínima participación en su contenido.
Miles de familias siguen condenadas a acabar injustamente en la calle porque este Gobierno sin sensibilidad ante los desahucios no quiere, o no le dejan, solucionar realmente este drama.
Ni el presidente ni ningún miembro del Gobierno han asumido tan siquiera su obligación moral de pedir a los banqueros la paralización inmediata de todos los desahucios hasta que una norma consensuada con la sociedad civil y el conjunto de fuerzas políticas plantease soluciones.
Es también lamentable que el anuncio del Gobierno no haya incluido cambio alguno sobre la Ley Hipotecaria ni absolutamente ninguna medida contra los fraudes masivos que la banca viene cometiendo con las hipotecas, mediante prácticas abusivas como la cláusula suelo, con la que el PP solo quiso acabar cuando estaba en la oposición.
Qué dice el decreto
El Real Decreto-Ley sólo incluirá la paralización de los desahucios, durante los próximos dos años, para familias con una sola vivienda que:
– Tengan una carga hipotecaria que se haya multiplicado por al menos un 1,5% en los últimos cuatro años.
– Su cuota de la hipoteca supere el 50% de los ingresos netos.
– Y además sus ingresos no sobrepasen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que actualmente representa 1.597 euros brutos mensuales (19.164 anuales), debiendo además cumplir alguno de estos siete requisitos:
1. Ser deudores en paro y sin prestación por desempleo.
2. Familias numerosas (tres o más hijos).
3. Familias monoparentales con al menos dos hijos a su cargo.
4. Familias que tengan a su cargo un menor de tres años.
5. Familias que tengan a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral.
6. Familias que tengan a su cargo a personas que sean parientes del titular de la hipoteca o su cónyuge hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad y que se encuentren en situación discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral.
7. Estar en algunos supuestos de violencia de género.
Por otro lado, el Gobierno ha anunciado la creación de un fondo social de viviendas embargadas por la banca que serán alquiladas a precios «razonables», para personas que ya han perdido la suya. No ha dado detalles sobre esos precios ni el número de inmuebles que estarán incluidos, aunque es de suponer que las cifras las fijarán los banqueros, que a fin de cuentas son siempre los que deciden.
