El Gobierno de Mariano Rajoy va a acabar con la mayoría de los fraudes que se vienen produciendo desde hace años en las rebajas. Y va a hacerlo aplicando rebajas a la propia ley, de manera que lo que antes era ilegal, a partir de ahora estará permitido.
El BOE del pasado sábado 14 de julio, a ratos novela de terror, ciencia ficción y comedia de mal gusto, ha pervertido la esencia de las rebajas legalizando el fraude y convirtiéndolas en una parodia de lo que han sido durante más de quince años, desde 1996, cuando se regularon a través de la Ley de ordenación del comercio minorista.
Si las empresas cometen abusos, un Gobierno siempre tiene dos opciones: hacer que se cumpla la ley o anunciar que la cambia.
Habitualmente, cuando no se tiene capacidad o voluntad política para controlar el mercado, los gobiernos intentan hacer creer a los consumidores que una modificación legal aumentará la protección de sus derechos.
Quienes cometen los fraudes dictan los cambios legales
El mayor problema se produce cuando la nueva redacción está dictada por los mismos empresarios que incurren en los fraudes con los que hay que acabar.
Así, a partir de ahora, un comercio podrá anunciar rebajas que duren sólo un par de días, o de horas incluso, en productos que ni siquiera habían estado a la venta el día anterior.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado en lugar de potenciar la persecución del fraude, el Gobierno ha aprobado la «desregulación» de las rebajas, «aunque junto a la parte del sector comercial a la que obedece la medida utilice el eufemismo liberalización».
Los consumidores llevamos muchos años denunciando cómo numerosos establecimientos llenan las estanterías de productos supuestamente rebajados, pero que en realidad nunca habían estado en la tienda antes de esta temporada de descuentos. Ese fraude, con los cambios en la Ley de comercio, ya es legal.
Descuentos en productos que solo llevan diez minutos en la tienda
Hasta ahora, con la regulación en vigor desde 1996, los artículos objeto de rebajas debían llevar al menos un mes en la tienda en la oferta habitual de ventas, sin haber sido objeto de otra promoción en ese periodo.
Pero tras el destrozo del BOE del 14 de julio, la ley sólo dice que «deberán haber estado incluidos con anterioridad en la oferta habitual de ventas». O sea, el empresario puede colocar los productos en la tienda y, cuando pasen unos minutos, indicar que tienen un nuevo precio rebajado.
Y por si había dudas, el Gobierno ha aclarado en la Ley que «en ningún caso, la utilización de las actividades de promoción de ventas podrá condicionarse a la existencia de una reducción porcentual mínima o máxima». Así que si se aplica un descuento de un céntimo, el producto podrá colocarse con el reclamo de un gran cartel que anuncie rebajas.
Hasta ahora, las rebajas tenían lugar durante al menos una semana y como máximo dos meses a comienzos de año y durante el periodo estival de vacaciones, con el objetivo de que los comerciantes sacaran de las estanterías los productos, fundamentalmente del textil, de la temporada anterior.
Con la desregulación, serán exclusivamente los empresarios quienes decidan cuándo quieren anunciarlas y cuánto tiempo durarán.
Es bastante evidente que las campañas de inspección de las comunidades autónomas serán mucho más difíciles de desarrollar, porque cada comercio tendrá rebajas cuando quiera (y prácticamente como quiera).
Mezcladas con otras ofertas, para confundir aún más
Además, el Gobierno ha querido dejar bien claro que, además, podrán «simultanearse en un mismo establecimiento comercial» con otras promociones, exceptuando las liquidaciones.
Y si alguien piensa que el requisito de que tendrá que haber «la debida separación entre ellas» evitará a los consumidores la confusión entre rebajas y otras ofertas, sólo tiene que pasarse por un comercio y ver cómo se presentan usando la misma tipografía y en estanterías contiguas.
La ley se va de rebajas. El consumidor vuelve a perder.