El Gobierno va a cometer un gravísimo atentado contra la salud de los ciudadanos mediante un peligroso medicamentazo que implica un cambio radical en los criterios para que la sanidad pública deje de financiar un fármaco.
Con la retirada de varios cientos de medicamentos continúa el proceso de desmantelamiento de la sanidad pública.
La medida se suma a la privatización de hospitales en varias comunidades autónomas, el copago, que incluye la eliminación de la gratuidad de los fármacos para los pensionistas, y la negativa a prestar asistencia a los inmigrantes que al no lograr un empleo no pueden conseguir permiso de residencia.
En cualquier caso, medidas similares llevadas a cabo por gobiernos anteriores, tanto en España como en otros países, no han provocado ni de lejos el ahorro previsto.
Cambio surrealista
A partir de ahora, la financiación o no de un fármaco dejará de basarse en criterios racionales y científicos -su eficacia, efectos adversos y relación coste-efectividad-, primando exclusivamente los síntomas que trate.
Por increíble y surrealista que parezca, el nuevo criterio que impone el Gobierno no para financiar medicamentos, sino para dejar de hacerlo, es «que el principio activo cuente con un perfil de seguridad y eficacia favorable y suficientemente documentado a través de años de experiencia y uso extenso». Junto a que estén «indicados en el tratamiento de síntomas menores».
Así lo establece el aberrante Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que provocará justo lo contrario de lo que anuncia su título.
Efectos negativos
Dejar de financiar multitud de medicamentos de uso común tendrá muchos efectos negativos, más allá de que los usuarios pagarán íntegramente cientos de fármacos de uso común que antes estaban financiados.
Numerosos médicos recetarán, como sustitución, fármacos que sí estén financiados, indicados para dolencias más graves y generalmente más caros.
Como ocurrió en Francia, la industria farmacéutica subirá el precio de los medicamentos que dejarán de financiarse.
Muchos usuarios tenderán a la automedicación, ya que el ahorro económico dejará de ser un elemento para acudir al médico.
Numerosos ciudadanos dejarán de acudir al médico y medicarse ante síntomas menores, lo que no sólo los agravará, sino que provocará además que patologías más graves pasen desapercibidas.
Entre los fármacos que el Gobierno pretende excluir de la financiación pública están los tratamientos para patologías como exceso de secreción gástrica (como los antiácidos); estreñimiento; diarrea; migraña; deterioro congnitivo asociado a la edad; hemorroides y varices; dermatitis del pañal; psoriasis; virosis tópicas o superficiales; inflamaciones de origen traumático; ansiedad leve; sequedad de vías respiratorias superiores (mucolíticos y tratamientos del resfriado); tos (codeína); sequedad ocular (lágrimas artificiales); inflamación reumatoide leve (como la artrosis); dislipemias leves; o congestión nasal asociada a gripe o resfriado.
Con el lema Lucha contra los recortes en la sanidad pública, FACUA-Consumidores en Acción viene desarrollando una campaña de movilización ante los las medidas que están llevando a cabo el Gobierno de España y varias comunidades autónomas.
La última de las acciones de esta campaña es una recogida de firmas contra la retirada de la financiación pública de cientos de fármacos. Los usuarios pueden sumarse en la web de FACUA, y tuitear: «He firmado con @facua contra el #medicamentazo, porque mi salud vale más que cualquier banco http://ow.ly/bR9G3«.