Nunca, en nuestros más de 30 años de historia, ninguna empresa ni ningún gobierno ha sido capaz de callarnos. Hemos recibido amenazas, hemos sufrido discriminación, incluso hay quien ha intentado comprarnos. Pero aquí seguimos, con nuestros valores intactos y más fuertes que nunca. Porque cerca de 100.000 socios y millones de ciudadanos que confían en nosotros nos arropan.
Porque cuando en 1981, Paco Sánchez Legrán puso los cimientos del proyecto de lo que hoy es FACUA-Consumidores en Acción, lo hizo con un único objetivo: la lucha contra los abusos. Abusos de empresas contra los derechos de los consumidores. Y abusos de gobiernos y partidos políticos que no cumplen lo que prometen y traicionan a los ciudadanos que les han puesto en el poder para que velen por sus intereses.
La independencia ha sido siempre una de nuestras principales señas de identidad, plasmadas en un código ético que forma parte de nuestros genes.
Nadie va a ponernos de rodillas, no vamos a traicionar a los ciudadanos
Somos combativos, somos solidarios, somos rigurosos y, sobre todo, somos incomprables. Nadie ha logrado ponernos de rodillas. Hacerlo sería una traición a nuestros principios, una traición a los ciudadanos.
Nuestras críticas a los sucesivos gobiernos que ha tenido España, desde los de Felipe González hasta el de Mariano Rajoy, pasando por los de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, nos han costado ser excluidos de órganos de consulta y representación de los consumidores, como también han provocado que nos redujesen las subvenciones públicas a las que constitucionalmente tenemos derecho, en favor de otras organizaciones menos molestas, dóciles e incluso plegadas al poder. Es el precio de la independencia.
Durante los cuatro años del segundo Gobierno de Zapatero, FACUA recibió solo un tercio de las subvenciones que otras asociaciones de consumidores. Entre 2008 y 2011 el Instituto Nacional del Consumo otorgó a FACUA subvenciones para el desarrollo de acciones en defensa de los consumidores por un importe total de 924.285 euros. La tercera parte de los más de 2,7 millones de euros que recibieron las dos organizaciones más subvencionadas -UCE, con 2.719.458 euros, y Ceaccu, 2.716.658 euros- (ver desglose en 2008, 2009, 2010 y 2011).
Lamentablemente, la distribución del dinero público destinado a las subvenciones a las organizaciones de consumidores -cantidades ridículas si se comparan con las que legítimamente reciben sindicatos, patronales empresariales, partidos políticos y otras ONGs…- nunca se ha basado en criterios objetivos, en función de los niveles de intervención en el mercado, relevancia social, número de socios de las organizaciones que lo reciben. En definitiva, de la representatividad de las asociaciones.
El dinero de todos los ciudadanos es sagrado
Porque para nosotros, el dinero público es sagrado. Es dinero de todos los ciudadanos. Y lo revertimos en la sociedad desarrollando acciones en defensa de los consumidores. Acciones que podrian provocar que las arcas públicas recuperasen diez o cien veces más de lo aportado si los gobiernos cumpliesen con su obligación de sancionar los abusos y fraudes que denunciamos.
El dinero público, como también el que nos aportan nuestros socios, nos permite defender a los consumidores de prácticas abusivas cometidas por las empresas, en ocasiones de forma masiva y hacer que recuperen cantidades cobradas ilegalmente. Cantidades que en ocasiones llegan a representar decenas de millones de euros, como ocurrió en 2009, cuando hicimos que las eléctricas devolviesen en varias comunidades autónomas lo que habían cobrado de más a millones de consumidores.
De consumarse la amenaza de ilegalización que hemos recibido del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, seremos expulsados de los órganos de consulta en los que representamos a los consumidores, dejaremos de ser consultados sobre el contenido de las normativas que afectan a los consumidores antes de que sean aprobadas y no recibiremos ni un céntimo del dinero que maneja para que las organizaciones de consumidores desarrollemos acciones en defensa de nuestros derechos.
Es posible que al actual Gobierno no le guste que emprendamos esas acciones. No sea capaz de digerir que critiquemos, como hicimos con el de Zapatero, su absoluta falta de respuesta ante los macrofraudes del sector financiero, como las cláusulas suelo en las hipotecas o las participaciones preferentes.
Puede que al Gobierno de Rajoy tampoco le guste que le recordemos su permisividad con los fraudes de las compañías aéreas, la misma que tenía el anterior Gobierno socialista, o que hayamos denunciado ante Bruselas que mire hacia otro lado cuando las compañías aéreas están cobrando ilegalmente a los usuarios la subida de tasas aeroportuarias vigente desde julio en billetes comprados con anterioridad.
Como tampoco será de su agrado que denunciemos los tarifazos a los que viene sometiendo a los usuarios en el sector eléctrico, plegándose a los intereses de las grandes empresas del sector y mimetizando la política que en los anteriores ocho años desarrolló un Gobierno al que no tuvo reparos en criticar, como lo hicimos desde FACUA.
Pero si es muy grave que un Gobierno deje de un lado a los ciudadanos, favoreciendo los intereses de empresas que abusan de ellos, mucho más grave resulta que intente silenciar a una de las organizaciones que los representa, por el hecho de ser crítica con su papel.
La amenaza de ilegalización que hemos recibido de la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, es una escandalosa represalia por asumir la obligación que nos dicta la legislación que dice que vulneramos: defender a los usuarios.
Con una argumentación tan falaz como mediocre, la carta representa un intento de chantaje sin precedentes en la historia de la democracia. Farjas emplaza a FACUA a que en el plazo de 15 días hábiles desde la recepción de su amenaza, el 3 de agosto (finaliza el día 22) paralice, entre otras, todas sus acciones, reivindicaciones y campañas contra los recortes en la sanidad y la educación pública y elimine todo rastro de las mismas en su web.
Si no cedemos a su exigencia, nos amenaza con ilegalizarnos, retirándonos la condición de asociación de consumidores y usuarios al expulsarnos del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, dependiente del Instituto Nacional del Consumo (INC), que ella preside.
Según el Ministerio de Sanidad, nuestras campañas contra los citados recortes «sobrepasan las fines» (sic) que «definen» a las organizaciones de consumidores. Su argumento es que nuestro fin «exclusivo» debe ser «la defensa de los derechos legítimos de los consumidores».
Y parece ser que para este Gobierno, el acceso a la sanidad pública, la educación pública… no son «derechos legítimos» de los usuarios.
No hay más que ver cómo está recortando los derechos de los ciudadanos con menos poder adquisitivo para acceder a la enseñanza universitaria -con la reducción de las becas, entre otras medidas- o a la sanidad pública -elevando el precio de los fármacos sacando más de 400 de la financiación pública o reduciendo el porcentaje de la misma en el resto y expulsando a los inmigrantes que no están regularizados por no haber logrado un contrato de trabajo o imponiendo a una parte de ellos el pago de una cifra superior a lo que representa un seguro privado-.
En el neolenguaje del PP en el que los recortes se llaman «reformas», la recesión «tasa negativa de crecimiento económico», el copago un necesario «ticket moderador», el empleo precario «minijob», el abaratamiento del despido «flexibilizar el mercado laboral» y la violencia machista «violencia en el entorno familiar» (gracias Nacho Escolar), los usuarios de los servicios públicos ya no lo son si no media un contrato.
Y además, las asociaciones de consumidores no sólo no son parte interesada en asuntos relacionados con esos servicios públicos, sino que tienen absolutamente prohibido no solo defender a los usuarios, sino ni tan siquiera hablar de sanidad o educación pública.
Curiosamente, el ministerio que amenaza con ilegalizar a FACUA por abrir la boca en asuntos relacionados con la sanidad pública nos pidió hace un mes nuestra valoración sobre el medicamentazo con el argumento de que la legislación obliga al Gobierno al trámite de audiencia de «los interesados», entre ellos las organizaciones de consumidores.
De hecho, es una de las diversas peticiones de valoración sobre cambios normativos que afectan a los usuarios de la sanidad pública enviadas por el Ministerio a FACUA y al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) -uno de los órganos consultivos de los que sería expulsada si se ilegaliza- durante los últimos meses cumpliendo su obligación de dar audiencia al movimiento de consumidores sobre estos temas.
Y es que no sólo no existe ninguna ley que prohíba a una asociación de consumidores actuar en temas relacionados con la sanidad pública -como tampoco en la educación pública, la justicia…-, sino que la legislación obliga a las administraciones públicas a someter cualquier norma que afecte a los usuarios a la valoración de las organizaciones de consumidores -aunque sus opiniones no sean vinculantes-.
En cualquier caso, ¿y qué si hablamos de asuntos distintos de los derechos de los consumidores? ¿Acaso alguien puede prohibirnos que condenemos un atentado terrorista, que denunciemos actos de violencia de género o que mostremos nuestro rechazo a las guerras?
Nuestro fin principal es la defensa de los consumidores. Pero ningún Gobierno, ninguna ley, pueden recortarnos nuestro derecho a la libertad de expresión -como tampoco a la libertad de crítica ni la libertad de información-.
¿Le molesta al Gobierno que ejerzamos ese derecho para criticar políticas que consideramos contrarias a los intereses de los ciudadanos? Es lo que tiene la democracia, que quizás le quede grande a algunos.
Y es la democracia la que está en juego cuando un partido llega al poder y comete el mayor fraude electoral de la historia, haciendo justo lo contrario de lo que prometió sin someter sus medidas al referendum de los ciudadanos ni convocar elecciones para presentar un nuevo programa electoral que esta vez sí esté dispuesto a cumplir.
Como también peligra la democracia cuando un Gobierno autoritario decide no aceptar el ejercicio de derechos constitucionales por parte de la sociedad civil y opta por la represión amenazando por ilegalizar a quien levante la voz exigiendo que no se recorte todo aquello que durante décadas ha fraguado el Estado de bienestar.
Somos un contrapoder emergente que busca equilibrar el mercado a favor de los consumidores con la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Somos consumidores en acción. Somos FACUA. Y nadie va a callarnos.
