¿Asociaciones de consumidores sin socios? Bienvenidos a chiringuitolandia

¿Asociaciones de consumidores sin socios? Bienvenidos a chiringuitolandia

La Junta de Andalucía acaba de aprobar un decreto sobre asociaciones de consumidores para garantizar que determinadas organizaciones mantengan sus estructuras a costa del dinero público y se despreocupen de contar con un número mínimamente razonable de socios que legitimen su representatividad.

La aprobación de este decreto en el primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político supone otro paso atrás en las políticas de protección de los consumidores del Gobierno andaluz, que ha optado por impulsar que se creen asociaciones sin socios. Permitirá así que cualquier chiringuito montado exclusivamente para vivir de las subvenciones pueda ser dado de alta en el registro de asociaciones de consumidores y opte a ellas.

Asimismo, la Junta ha minimizado el número de socios e ingresos por cuotas que deberán tener las federaciones de ámbito autonómico para ser consideradas como más representativas y, por tanto, ser la voz de los consumidores en órganos consultivos como el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, el Consejo Andaluz de Consumo y numerosas instituciones de las diferentes consejerías.

El Decreto aprobado este martes tras las negociaciones de los dos socios de gobierno es muy diferente del inicialmente presentado por la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, al frente de la cual está el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU).

Los sucesivos cambios introducidos en su borrador han derivado en que para recibir el rango de federación de consumidores más representativa, baste contar con 10.000 socios en toda la comunidad autónoma y 120.000 euros anuales en ingresos por cuotas. Hace unos meses, la previsión era que fuesen 15.000 socios y 180.000 euros anuales, cantidades que ya habían sido recortadas con respecto a la propuesta inicial de la Secretaría General de Consumo.

En Andalucía, FACUA llevaba décadas reivindicando un decreto para regular a estas entidades de relevancia constitucional que estableciese asimismo criterios para medir su representatividad. En este sentido, la organización, que cuenta con más de 120.000 socios en toda España y decenas de miles en Andalucía, lamenta que ésta haya sido de nuevo una oportunidad perdida para fomentar que la comunidad autónoma cuente con un movimiento de consumidores fuerte e independiente.

Y es que esta norma no ayudará a reforzar al movimiento consumerista sino al contrario, ya que no pretende otra cosa que una mayor debilidad y atomización de las organizaciones de consumidores.

Visto lo visto, ¿realizará la Junta auditorías periódicas a las organizaciones de consumidores que reciben dinero público? ¿Implantará procedimientos para la concesión de subvenciones de manera que se verifiquen el número de asociados, reclamaciones e ingresos por cuotas que declaran las organizaciones de consumidores, además de auditar el estricto cumplimiento de los fines para los que se otorgan?

Al igual que la normativa estatal, el decreto prohibirá que las asociaciones de consumidores reciban dinero de empresas con fines de mermen su independencia, como la realización de publicidad. Como novedad positiva, recoge expresamente que tampoco podrán utilizar la misma denominación que entidades con ánimo de lucro.

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