Llega un SMS al móvil que nos pide que aclaremos por qué no contestamos en Facebook o WhatsApp. El remitente no es un contacto conocido. De hecho, ni siquiera es un móvil: el número no empieza por 6, sino por 2, ni tiene nueve cifras, sino cinco. Pero hay quien no repara en estos detalles y responde. Y vuelve a hacerlo a cada SMS que sigue llegándole con contenidos tan impersonales como el primero, donde no se aclara quién es el remitente ni si realmente conoce la identidad del usuario al que se dirige.
Es un #fraudeSMS, la última moda en timos telefónicos. La mayoría de quienes reciben estos mensajes no pican, pero las empresas que los envían lo saben. Juegan a probabilidades. Y siempre ganan. Porque el coste que les representa el envío de decenas o cientos de miles de SMS queda sobradamente amortizado con el porcentaje de usuarios que contestan. Y es que cada mensaje cuesta en torno a un euro y medio, del que la mayor parte va para los timadores.
Gracias a las alertas de los usuarios, FACUA ha denunciado en las últimas semanas a cuatro empresas titulares de números dedicados a este tipo de fraudes: Iebolina Tradicional (25568), Comercial Polindus 21 (27407, 25414, 25658 y 27140), Arabbesko Madrileña (25388) e Hispano Televisión y Telefonía.
La última compañía utiliza otra modalidad de #fraudeSMS: advierte en sus SMS de que el usuario tiene retenidos mensajes «muy muy urgentes» y que supuestamente puede escucharlos si llama a una línea con prefijo 118, también de alto coste y que según la ley sólo puede destinarse a información sobre números de teléfono.
Lo cierto es que por mucho que algunos innoven en las características de los fraudes a través de SMS y líneas de tarificación adicional (803, 806, 807, 905) o especial (como las 118), las autoridades competentes en materia de telecomunicaciones y de protección de los consumidores lo tienen igual de fácil para acabar con ellos. En estos casos no tienen que realizar sesudos análisis jurídicos para determinar si las prácticas incurren o no en la vulneración de la normativa. Son timos tan burdos, tan evidentes, que desde que tienen conocimiento de ellos, la decisión de actuar contra sus responsables no debería conllevar más de unos minutos.
Pero la respuesta de las autoridades no se produce precisamente rápido. ¿Imaginas que estuvieran atracando un banco y tras saltar las alarmas, la policía llegase un año después? Pues esto es lo que pasa con este tipo de fraudes a los consumidores (realmente, ocurre con casi todos).
Cuando tiene conocimiento de estos timos, la reacción de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) del Ministerio de Industria es ordenar la cancelación de la numeración desde la que se han perpetrado. Eso sí, la orden, cuando se produce, suele tardar un año (o más). Se hace tras la valoración de la denominada Comisión para la Supervisión de los Números de Tarificación Adicional, un órgano raquítico en su dotación de personal y saturado de denuncias.
En cuanto a las acciones que llevan a cabo las administraciones autonómicas que tienen la responsabilidad de la protección de los consumidores, tampoco son precisamente para tocarles las palmas. Cuando no valoran que estos asuntos son competencia exclusiva de la Setsi o de la comunidad autónoma donde tengan su sede los autores del timo (lo de echar balones fuera les encanta), inician un eterno expediente (aquí si lo resuelven en un año es porque han activado la velocidad de crucero) que, de concluir en sanción, se aplica en secreto (no vaya a ser que alguien se entere de que la pobre empresa se dedica a cometer fraudes y acabe arruinándose) y con una cuantía de vergüenza ajena. Un fraude de 100.000 euros, o de un millón, o de 100 millones… puede acabar con un castigo de 20.000 euros.
La legislación de consumo (la que en teoría aplican las autoridades de idem) establece que las multas deben ser proporcionales a las dimensiones del fraude, pudiendo representar (según la comunidad autónoma) hasta cinco o diez veces el dinero que se haya ganado con él. Pero se ve que existe un déficit de comprensión lectora en los responsables de combatir el fraude que pagamos (y muy bien) con nuestros impuestos. Así que las pocas sanciones que aplican representan, más que un castigo, una invitación a seguir timando.
