El injusto copago impuesto por el Gobierno pone en grave peligro la salud de muchos pensionistas. Al verse obligados a adelantar el 10% de su importe, para aquéllos con menor poder adquisitivo está suponiendo una auténtica barrera al acceso a los medicamentos, buena parte de los cuales no podrán retirar de las farmacias pese a que resulten esenciales para su salud.
Resulta paradójico que en un país donde las entidades financieras han cerrado el grifo del crédito, en la mayoría de comunidades autónomas los pensionistas están siendo obligados a hacer de banqueros prestando al sistema un dinero que tardarán hasta seis meses en recuperar, y sin intereses.
Porque muy pocas comunidades han establecido protocolos para que los pensionistas no tengan que pagar cantidades superiores a los topes mensuales establecidas en el Real Decreto-ley que impone el copago.
Más aún, el copago está resultando un caos en muchas autonomías, que continúan sin establecer protocolos para que los usuarios reclamen cobros indebidos.
El Gobierno ha tenido una prisa extrema en implantar la medida y ninguna para informar a los usuarios sobre sus características.
No sólo no se han colocado todavía carteles en las farmacias y los centros sanitarios públicos donde se informe sobre la medida y cómo debe afectar a cada perfil de usuario, sino que como FACUA-Consumidores en Acción pronosticó, se están produciendo multitud de errores.
Son muchos los casos en los que la conexión de las tarjetas sanitarias de los usuarios con Hacienda para conocer sus niveles de renta falla, pero además, los datos que se utilizan no están actualizados.
Así, fruto de la irresponsable improvisación con la que se ha comenzado a aplicar el copago el 1 de julio, hay pensionistas a los que se está tratando como si todavía fueran trabajadores en activo, obligándoles a pagar entre el 40 y el 60% del importe de sus fármacos, sin previsiones de devolverles un sólo céntimo salvo que se den cuenta y sus reclamaciones sean atendidas.
Es el caospago.
