«Subir el IVA duplicaría la caída de la economía». Lo dijo Cristóbal Montoro hace poco más de tres meses, nada más hacerse con la cartera de Hacienda y Administraciones Públicas en una entrevista para el diario ABC.
Después desarrollar una gran campaña contra la subida del IVA aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, el partido que ahora tiene el poder (o al menos el que dice gobernar el país) ha reseteado los no pocos argumentos políticos y económicos que esgrimía hasta hace unas semanas.
Mariano Rajoy ha pasado de la derecha al centro reformista para dar un salto mortal al marxismo: «Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros». Nunca un presidente del Gobierno español se pareció tanto a Groucho Marx.
La agresión merece una respuesta. Los ciudadanos no pueden quedarse de brazos cruzados ante una medida que resulta no ya injusta, insolidaria y peligrosa para la economía y el empleo, sino un auténtico fraude electoral de quien ganó las elecciones prometiendo justo lo contrario de lo que ha hecho después.
Numerosas organizaciones ciudadanas están llamando a salir a la calle el 19 de julio para manifiestarnos contra los muchos ataques a los derechos e intereses ciudadanos que ha aprobado el Gobierno.
FACUA-Consumidores en Acción se ha sumado a las convocatorias de manifestaciones y también pide a los consumidores que usen su arma más poderosa para rebelarse contra la subida del IVA. Así, llama a una huelga de consumo el día 19, plateando que no se realicen compras ni se contraten servicios y se reduzca a lo estrictamente necesario la utilización de suministros.
El aumento del IVA va a perjudicar tanto a consumidores como a empresas. Por ello FACUA espera que los empresarios también contesten a este atentado contra sus intereses cerrando sus puertas el día 19.
Hay muchos elementos que ponen de manifiesto la falta de justificación y los peligros de la subida del IVA. FACUA ha elaborado un manifiesto, titulado 21 motivos contra la subida del IVA, que los ciudadanos pueden firmar en la web FACUA.org/21motivos.
Y es que la subida de precios es «injusta e insolidaria», como argumenta el manifiesto, ya que «daña más a quien menos tiene» y supone «una bajada del poder adquisitivo de los ciudadanos», con el mismo efecto que una reducción salarial, un recorte en sus pensiones o en sus prestaciones por desempleo.
No hay duda de que subir el IVA reducirá el consumo, como mínimo a corto plazo, perjudicando a los empresarios, destruyendo empleos y fomentando todavía más la economía sumergida. Y todo ello tenga efectos muy negativos en las arcas del estado.
FACUA señala en su manifiesto que el aumento de ingresos previsto con la subida del IVA se verá reducido, minimizado, anulado o incluso podría llegar a provocar el efecto contrario, en función de la respuesta de los consumidores.
Es más, ¿hay pruebas de que la subida del IVA aprobada por Zapatero o la que sufrieron los alemanes tuviera los efectos positivos anunciados?
Por si fuera poco, el turismo va a sufrir un gran golpe en el momento en que resulta más necesario para revitalizar la economía española. Evidentemente, muchos turistas se verán disuadidos de elegir España como destino con el aumento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
También habrá quienes aprovecharán la coyuntura para aumentar los precios por encima de lo que supone trasladar el incremento del impuesto. Y muchas empresas no tendrán más remedio que asumir la subida sin trasladarla a sus precios para no perder clientes, reduciendo beneficios y capacidad de crecer y generar empleo.
Es lamentable que el Gobierno diga que sube el IVA porque no tiene más remedio que hacerlo para aumentar los ingresos en las arcas públicas, después de renunciar otras medidas fiscales mucho más eficaces, como subir el IRPF a las rentas más altas y acabar con los vergonzantes beneficios fiscales de las sociedades de inversión de capital variable (Sicav), con las que las grandes fortunas eluden el pago de impuestos tributando sólo al 1%.
Como tampoco ha hecho especiales esfuerzos por perseguir el fraude fiscal a gran escala. Es, recordemos, el Gobierno que ha aprobado una amnistía a los mayores defraudadores.
Parece que en España el fraude sale gratis, tanto el fiscal como el electoral. Y está en nuestras manos no permitirlo.
